EL PARTIDO POPULAR RESPONDE QUE LLEGAN TARDE
El PSOE propone prohibir los desahucios a las familias que dedican más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas.
La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha presentado ante el Registro del Congreso de los Diputados una proposición de ley contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar.
Los tribunales españoles registraron durante el segundo trimestre de este año un incremento histórico del 14,3% en el número de lanzamientos por procedimientos de desahucio respecto al mismo periodo de 2011, hasta los 18.668 expedientes, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre, un total de 23.421, fue un 14,2% superior al mismo trimestre de 2011.
Por otro lado, la Mesa del Congreso de los Diputados autorizó una prórroga de tres meses, hasta el próximo 6 de febrero, a los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre desahucios para presentar el medio millón de firmas necesarias para avalar su propuesta.
La iniciativa está promovida por una comisión en la que están integradas CC.OO. y UGT, así como organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España).
Su objetivo es proponer al Congreso la creación de una ley de dación en pago, de paralización de los desahucios y de apoyo al alquiler social, que regule la dación en pago como "fórmula preferente para extinguir la deuda hipotecaria en el caso de la vivienda habitual, paralizar los desahucios y convertir la vivienda adjudicada en alquiler social a favor de sus ocupantes y antiguos propietarios".
El PP contesta que el PSOE llega tarde y no aporta nada nuevo, que ellos han hecho más en ocho meses que los socialistas en siete años.
Si bien, el Grupo Popular en el Congreso votó en septiembre en contra de la moción por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para articular un "rescate ciudadano", con medidas como paralizar los desahucios o hacer un parque público de alquiler con las viviendas del 'banco malo'.