Poder judicial
El partido socialista ha presentado un escrito en el que pide al Constitucional que rechace la cautelerísma presentada por el PP sobre el nombramiento de nuevos magistrados.
El grupo socialista en el Congreso ha presentado este jueves un escrito al Tribunal Constitucional, que hoy se reúne en un pleno extraordinario por petición del PP para estudiar los nuevos nombramientos. El PSOE explica que, de aceptar la cautelerísma para suspender la tramitación parlamentaria de cambios relativos a nombramientos de magistrados del TC por CGPJ, "impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos".
"La adopción de una medida cautelarísima respecto al procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados", argumentan los socialistas. Critica el PSOE que adoptarse la medida "afectaría a uno de los fundamentos de la democracia, el ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes, que es una de las bases del Estado de derecho".
El grupo cita el artículo 23.1 de la Constitución e insiste en que se "vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes reconocido". "Una injerencia del TC de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando mediante una medida cautelar una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental que de darse podría constatarse posteriormente", dice el comunicado.
Además, recuerda que "no existen precedentes en las Cortes generales" de una situación como esta. Dice el grupo que también se vulneraría la "autonomía parlamentaria, pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones de los órganos de gobierno de la Cámara".
La reclamación del PP
Este miércoles, el PP presentó un recurso de amparo en el que solicita que suspenda de forma cautelarísima los acuerdos de los órganos del Congreso de los Diputados y que permiten la tramitación de enmiendas del PSOE y de Unidas Podemos.
Una de esas enmiendas busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos para nombrar en el CGPJ a magistrados del TC. La otra enmienda quiere suspender el examen de idoneidad de los nuevos magistrados y habilitar la renovación por sextos.