Crisis PP
Juan Lobato ha señalado que el objetivo de la ampliación es poner en conocimiento de la Fiscalía "la confesión" de la presidenta de Madrid
El PSOE de Madrid ha ampliado este miércoles ante la Fiscalía la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por el dinero cobrado por su hermano en la contratación de mascarillas quirúrgicas del Gobierno de la CAM durante la primera ola de la pandemia.
Juan Lobato, portavoz del PSOE-M, ha explicado frente al edificio del Ministerio Público que el objetivo de dicha ampliación "es poner en conocimiento" de la Fiscalía "la confesión" de Ayuso, "realizada el pasado viernes", cuando reconoció que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, "se había beneficiado de una adjudicación directa sin licitación a la empresa de un amigo de ambos".
Lobato ha asegurado, además, que también han informado al Ministerio Público de la existencia de otras tres facturas, de las que "habló la propia Ayuso" y que demuestra -según él- la relación clara y directa entre la empresa del amigo de ambos hermanos y el propio Tomás Díaz. "Creemos que la Fiscalía tiene que tener en cuenta toda esta información", ha insistido.
"Ayuso tiene que dar la cara donde corresponde, en la Asamblea de Madrid", ha concluido.
Un pago de 55.000 euros para el hermano de Ayuso
La maniobra del PSOE de Madrid llega un día después de que la Fiscalía abriese una investigación para dilucidar si, efectivamente, hubo indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Entonces, la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de Isabel Díaz Ayusoy por el que habría cobrado 55.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción adoptó esta decisión en un decreto "a la vista de que los hechos denunciados" por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- "pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia".
En lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, "los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios", indica el decreto de la Fiscalía.