ELECCIONES DEL PAÍS VASCO
El PSE-EE no impugnará la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari por EH Bildu en las próximas elecciones autonómicas vascas porque considera que si lo hiciera estaría "ayudando" a la campaña de la izquierda abertzale.
Fuentes de la Ejecutiva de los socialistas vascos han indicado que se trata de un asunto que compete a la Justicia y que el PSE-EE respetará lo que ésta decida.
El PP, UPyD y Ciudadanos han anunciado que impugnarán la candidatura de Otegi al entender que es una burla a las víctimas del terrorismo, mientras que el PNV y Podemos han defendido públicamente el derecho del líder de EH Bildu a concurrir a estos comicios.
Otegi cumplió su condena de seis años y medio de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, pero sobre él pesa una condena de inhabilitación para empleo o cargo público hasta abril de 2021, aunque la sentencia no especificaba -en contra de lo que establece el Código Penal- a qué cargos concretos se refería.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha invitado a los partidos a impugnar la candidatura del líder de Sortu y les ha recordado que sólo tendrán dos días para hacerlo, el 25 y el 26 de agosto.
Al presentarse Otegi como cabeza de lista por Gipuzkoa, las impugnaciones se tendrán que presentar ante la Junta Electoral Provincial de este territorio, que daría después traslado a los representantes de la candidatura de EH Bildu para que presenten alegaciones en el plazo de dos días, y el 29 de agosto se proclamarán las listas.
El presidente del PP vasco y candidato a la presidencia del Gobierno Vasco, Alfonso Alonso, anunció que los populares agotarán "todos los recursos, todas las herramientas" para evitar que Otegi se presente a estas elecciones porque supondría "una burla a las víctimas del terrorismo".
En el mismo sentido se pronunció UPyD, que impugnará la lista del líder de Sortu "por coherencia democrática y en defensa de las víctimas del terrorismo".
Otegi ha recalcado estos días que "no contempla" la posibilidad de ser inhabilitado y que no habrá "tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil, ni Ejército español" que impidan que se presente.