Consejo de Ministros
La subida de las pensiones en un 0,9 % será la primera medida que prevé aprobar el nuevo Gobierno en el primer Consejo de Ministros de manera extraordinaria, dando cumplimiento así a su compromiso de ejecutarla de manera prioritaria cuando se conformase el Ejecutivo. Su aprobación se articulará a través de un decreto ley que, de forma urgente, permitirá poner en marcha el necesario aplicativo informático para que la revalorización sea efectiva ya en febrero, aunque su cobro tendrá lugar el día 1 de marzo, con independencia de que algunos bancos adelantan los abonos a sus beneficiarios a partir del día 27 del mismo mes del devengo.
El incremento será del 0,9 % en todas las prestaciones, si bien es factible que más adelante pueda reforzarse la revalorización para aquellas pensiones más bajas como ya hizo el Ejecutivo socialista en las cuantías abonadas durante el ejercicio 2019, donde las mínimas y no contributivas subieron un 3%. Así, durante 2019, las pensiones subieron con carácter general un 1,6%. El decreto ley que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros incluirá también un pago por el incremento no disfrutado en las prestaciones correspondientes al mes de enero, ya abonadas, con efectos retroactivos desde el 1 de ese mismo mes, tal y como confirmaron fuentes del nuevo ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá. El alza del 0,9 %, en línea con la previsión de IPC para el ejercicio 2019, estaba prevista en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea y el presidente Pedro Sánchez quería aprobarla antes de concluir 2019. Sin embargo, se supeditó a la conformación del nuevo Gobierno. Así, el Consejo de Ministros celebrado el 27 de diciembre pasado aprobó un real decreto-ley donde allanaba la revalorización con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, cuando se formase el Gabinete, y para ello suspendió el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que recogía la subida mínima legal del 0,25 % provocando una oleada de acusaciones por parte de la oposición sobre su "congelación". Entre las causas, el Ejecutivo alegó cuestiones “de logística para hacer la liquidación” y de “coste económico” de esta gestión, ya que sopondría duplicar los procesos informáticos de haber abonado primero un 0,25% y la revalorización restante en otro momento. Junto a las pensiones también estaba pendiente de que se formara Gobierno, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros y la nómina de los funcionarios. Las tres actuaciones afectan a unos 13 millones de personas.