Preocupación entre los constitucionalistas por la inmunidad de Junqueras frente a la euforia independentista

El Tribunal Supremo está estudiando el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que ha sentenciado que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad como europarlamentario electo.

El TJUE establece que el que fuera vicepresidente de la Generalitat deberá salir de prisión para poder tomar posesión de su escaño en el Parlamento de Bruselas, aunque deja en manos de la justicia española su situación penitenciaria tras su condena en firme.

Desde que se ha conocido la noticia se ha producido un aluvión de reacciones. El secretario general del PP, Teodoro García Egea ha pedido que nadie dude de que el líder de ERC "ha sido condenado por sedición" y tendrá que cumplir la pena impuesta. También desde las filas populares, el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado "preocupado" por la decisión de la justicia europea: "Espero que las cosas que se han hecho bien en España no venga a enmendarlas un tribunal que, en mi opinión, tiene unas competencias que no son coincidentes con las del Tribunal Supremo", ha dicho en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha conocido en directo en Espejo Público la noticia y ve "interpretable" el fallo. Tan solo se ha limitado a afirmar que no conoce exactamente la resolución y que "hay que ver exactamente las consecuencias que tiene" el hecho de que el tribunal europeo reconozca su inmunidad desde la proclamación oficial de los resultados electorales.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha retado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a recurrir la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ha mostrado sus dudas de que lo vaya a hacer mientras negocia su investidura con los independentistas catalanes. A su juicio, si España "no se respeta a sí misma y no se defiende en sus propias instituciones, es mucho más difícil pedir que instituciones extranjeras lo hagan". En la misma línea, Santiago Abascal ha asegurado que "urge que España se haga respetar en Europa".

El líder de Unidas Podemos ha pedido "una nueva etapa de diálogo e inteligencia" ya que la "judicialización del conflicto político" ha "alejado" una solución.

Para la portavoz en el Parlament de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, "se hace evidente de nuevo que la judicialización de la política no resolverá un conflicto que es político. La única vía es el diálogo y la negociación". Mientras que el diputado Jaume Asens ha ido un paso por delante diciendo que se necesita "la libertad de los presos políticos".

En las filas independentistas el momento en el que ha transcendido el fallo europeo se ha vivido con euforia. El propio Oriol Junqueras ha reclamado desde la cárcel de Lledoners, a través de Twitter, "la nulidad de la sentencia" y "libertad para todos" los procesados por el 1-O.

"La justicia ha llegado desde Europa. Se han vulnerado nuestros derechos y los de 2.000.000 de ciudadanos que nos votaron", ha protestado. Roger Torrent también ha afirmado este jueves que la "única salida" tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decretar la "nulidad de la causa" contra los líderes independentistas y poner en libertad a Oriol Junqueras.

Mientras, el grupo de JXCat ha convocado una reunión en sus despachos del Parlament, a los que se ha visto dirigir a Quim Torra y otros dirigentes del espacio postconvergente con caras de alegría. Dentro de la sala de reuniones, y ante decenas de cámaras de fotografía y televisión, Torra y el grupo de JxCat ha conectado por videoconferencia con Puigdemont y Comín, y el expresidente catalán les ha saludado haciendo con los dedos el símbolo de victoria.

Puigdemont ha dicho que "la democracia, el voto del pueblo, ha ganado contra las fuerzas autoritarias".

Aitor Esteban del PNV ha expresado su deseo de ver pronto a Junqueras "libre" y "sentado" en su escaño en Europa.

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso,considera que el veredicto "deja en evidencia" la "escasa calidad democrática" del Estado y su "sistema judicial al servicio de determinados intereses políticos".