Los políticos independentistas en prisión llaman a la serenidad a las puertas del inicio del juicio del 'procés'

Los líderes independentistas en prisión preventiva han asegurado que el juicio ante el Tribunal Supremo (TS) requiere de su serenidad y firmeza, y ante la impotencia que creen que pueden sentir quienes observan su situación han dicho: "De la misma manera que podemos entender la necesidad de desbravar la impotencia también tenemos que decir claramente que esto, lejos de favorecer nuestra causa, la perjudicaría, igual que también perjudicaría los objetivos políticos del país que queremos".

Lo han dicho en una carta en 'VilaWeb', firmada por la exconsellera Dolors Bassa; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.

Aseguran que afrontarán el juicio convencidos de su inocencia y como una oportunidad para denunciar lo que consideran una vulneración de sus derechos civiles y libertades ciudadanas: "Cuando declaremos ante el TS, no renunciaremos, no capitularemos, no nos rendiremos. Al contrario. Mantendremos la cabeza bien alta y hablaremos claro, convencidas y convencidos plenamente de nuestra inocencia y de la legitimidad de nuestras acciones y nuestras convicciones".

Han pedido una "unidad estratégica granítica, construida sobre la premisa del respeto y la generosidad", y creen que es la única manera de afrontar el juicio y no ceder a la voluntad de la represión de desestabilizar y dividir al independentismo.

Afirman que están convencidos de que no han cometido ningún delito: "Es esta plena convicción de inocencia la fuente de nuestra serenidad y de nuestra ambición de situar el juicio con una gran oportunidad para denunciar las arbitrariedades y la vulneración de los derechos civiles y libertades ciudadanas".

Insisten en que no confían en que puedan tener un juicio justo y que saben que pueden ser condenados, pero que los poderes del Estado "nunca podrán demostrar que su condena sea justa y esté soportada por hechos y pruebas".