La Policía Nacional registra la planta de Sidenor y pide información sobre la venta de acero a una empresa israelí

A mediodía varios agentes de la Policía Nacional se han presentado en la planta de Sidenor para solicitar información sobre las supuestas ventas de acero con destino militar a una empresa israelí. La actuación, ordenada por la Audiencia Nacional, forma parte de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y que apunta al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por presunto contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o incluso de genocidio.

Fuentes policiales confirmaron que la visita se enmarca en el proceso judicial abierto por la venta de acero a la firma Israel Military Industries (IMSI), un conocido fabricante de armamento pesado y ligero. Según la investigación, los responsables de Sidenor habrían vendido material "con pleno conocimiento" de su posible uso en la producción de armas, aunque la empresa niega cualquier irregularidad.

Desde Sidenor insisten en su "plena colaboración" con las autoridades. En un comunicado remitido a varios medios, la empresa afirmó estar "trasladando con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen". Fuentes de la compañía aclararon además que "no se trata de un registro propiamente dicho", sino de una petición de documentación por parte de los agentes.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ya había declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge el pasado noviembre, junto a otros dos directivos. Durante su testimonio, sostuvo que las exportaciones a Israel se realizaron dentro de los márgenes legales y que el acero en cuestión no estaba incluido entre los productos sometidos a control especial por la Administración.

La causa se originó tras una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que actúa como acusación popular en la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Fue el pasado mes de octubre cuando la Audiencia Nacional decidió abrir diligencias. Y a pesar de que la Fiscalía se ha mostrado contraria a parte de estas actuaciones, el magistrado instructor mantiene el proceso en curso.

Mientras tanto, a empresa asegura continuar su actividad con normalidad y desde la Delegación del Gobierno han insistido en que el caso sigue bajo secreto de sumario.

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