PRETENDE GENERAR "UN CAMBIO CULTURAL"
"Hemos visto que la ley se estaba retrasando, que los tiempos que está manejando el Gobierno es el segundo trimestre de 2019 por lo que sería imposible, por los tiempos de tramitación, tener una ley en esta legislatura", ha explicado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, este lunes 8 de octubre en un encuentro informativo con periodistas.
Belarra ha indicado que ponen este texto "a disposición del Gobierno" para que trabaje sobre él y le instan a que registre la ley antes de que acabe 2018 porque "solo manejando estos tiempos sería posible tener una ley integral para final de legislatura".
La proposición de ley de Unidos Podemos tiene como objetivo "cambiar el paradigma" y generar un "cambio cultural" de forma que la violencia contra los niños no sea tolerable "en ninguna medida" y que un "cachete" sea visto como "un fracaso del educador", al igual que la Ley de Violencia de Género creó también una tolerancia cero hacia el maltrato contra la mujer.
"Ahora es impensable que alguien pueda decir que ha pegado un bofetón a su novia, a su chica o a su mujer, y en cambio esa misma afirmación trasladada a un niño o una niña no causa ningún tipo de impacto o no interpela a la persona que lo escucha", ha indicado la coordinadora del equipo que ha elaborado el texto, Violeta Assiego, experta en análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con los derechos humanos de colectivos vulnerables.
Entre las medidas que incluye la ley, con un "enfoque de derechos humanos", destaca que la prescripción de los delitos de agresión sexual a menores empiece a computar a partir de que estos cumplan 30 años; el establecimiento de una figura de acompañamiento social que haga más amable el proceso judicial para el menor víctima de violencia; la extensión de la prueba preconstituida; o la creación de un comisionado que emule la figura del defensor del menor que hay en algunas comunidades y que sea elegido directamente por la ciudadanía.
Obligación de denunciar
Asimismo, la norma establece la obligación de denunciar los casos de violencia contra los menores, la creación de un registro online de estos casos así como de una línea telefónica abierta 24 horas para atender a los niños que sufren violencia y la realización de investigaciones y encuestas, dando voz a los propios menores.
También pide que los niños cuyas madres sufren maltrato sean considerados víctimas de violencia de género, haciendo referencia a las medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género.
Belarra también ha puesto de relieve que la ley tiene transversalizado el enfoque de género, en coherencia con la ley de violencias sexuales que presentó Podemos hace unos meses en la que todo es considerado agresión porque se entiende que nunca hay consentimiento en el caso de los niños; y el enfoque de diversidad.
Además, ha destacado el papel "central" que tiene dentro de la ley la lucha contra la violencia institucional. En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso del centro de menores de Hortaleza, donde hay 130 niños durmiendo a pesar de que tiene capacidad para 35. "Nos parece que es una vulneración de derechos intolerable. Es la violencia más grave porque ¿dónde van los niños y niñas cuando la administración, que es la última responsable de la protección de sus derechos, no les protege?", ha planteado.
Igualmente, en el texto hay un capítulo dedicado a la violencia en la escuela en el que se establece la necesidad de que los centros cuenten con protocolos de actuación y de ofrecer una formación específica y permanente al profesorado.