INSISTE EN EL DERECHO A DECIDIR
Los dos últimos puntos del documento que ha presentado Podemos recuerdan que Iglesias reclamó la vicepresidencia del Gobierno y ahora acepta un ejecutivo integrado por miembros de PSOE, Podemos y sus confluencias, IU y Compromìs, y la posibilidad de que algunos de sus integrantes sean "independientes de consenso".
Tampoco renuncia a la defensa del derecho a decidir en Cataluña, si bien ante el rechazo que suscita en otras fuerzas políticas, aceptan desplazar el ámbito de la negociación a una mesa de diálogo entre En Comú Podem y el PSC, con el compromiso de asumir el acuerdo al que lleguen.
En ese documento Podemos plantea una disminución del déficit más rápida de la que proponía en su programa electoral, un 3% para la próxima legislatura, en lugar del 2,5% que fijaba anteriormente.
Igualmente, Podemos fijó en su programa una propuesta de expansión fiscal de 96.000 millones de euros para los próximos 4 años de legislatura, y ahora reduce esa cifra aproximadamente un tercio, hasta los 62.000 millones de euros.
Ya no exige derogar las dos reformas laborales
En su programa electoral proponían también una reforma tributaria que incrementase la recaudación fiscal un 4% del PIB y ahora "relaja" ese objetivo en un punto descartando subidas en los tipos nominales del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y elevando exclusivamente los tipos efectivos de dichas figuras tributarias.
No se incrementarían por tanto los tipos marginales máximos para rentas superiores a los 60.000 euros al año (aunque sí el tipo efectivo a pagar, vía eliminación de deducciones), ni tampoco se restituiría el tipo general del Impuesto de Sociedades al 30%. Otra de las "cesiones" anunciadas por Iglesias es que ya no exige derogar las dos últimas reformas laborales, se conforma con la derogación de la del PP y da "por buena" una parte de la del PSOE.
Al tiempo, reduce su petición de aumento del Salario Mínimo Interprofesional, de 950 a 900 euros al mes a lo largo de la próxima legislatura. Respecto a la renta garantizada que proponía de 600 euros al mes, ahora sitúa esa cifra en 500 euros durante la primera mitad de la legislatura hasta llegar a los 600 en la segunda. El coste de esa medida se fijó en 15.000 millones anuales, que ahora se quedarían en 8.600.
En pensiones, Podemos había establecido en su programa situar la edad de jubilación en los 65 años y, aunque no renuncia a la propuesta, considera que un pacto de Gobierno debe priorizar que se deroguen el resto de aspectos de la última reforma de las pensiones del PP y que se aborden mejoras en el marco del Pacto de Toledo.
Otra de las medidas más sociales afecta al compromiso de Podemos de universalizar el acceso gratuito de la enseñanza infantil (de 0 a 6 años) de manera inmediata y de 0 a 3 años en la siguiente legislatura. Sin embargo, ahora admitirían que durante la próxima legislatura sólo sería posible garantizar, "en la segunda mitad del mandato", la universalización de 2 a 3 años, e implantar un calendario progresivo hasta 2020 para el resto, como recoge el pacto de PSOE y C's.
En Sanidad también "ceden" en su aspiración de suprimir el copago farmacéutico y la dejan en una "revisión" con "criterios de necesidad y cronicidad", como también aparece en el acuerdo de socialistas y el partido de Rivera. Además, reduce su promesa de universalizar el derecho a los servicios públicos de atención a la dependencia, para que se haga de forma progresiva a lo largo de las dos próximas legislaturas y cifrando en 3.000 millones de euros el aumento de financiación.
Rebaja, asimismo, su propuesta de igualar los permisos de paternidad y maternidad en los próximos cuatro años, con una implantación más progresiva (10 semanas de paternidad en 2019 y 16 semanas intransferibles en 2022).
Con otras propuestas intentan atraer a C's aceptando, por ejemplo, los criterios de reforma electoral que recoge el pacto de este partido con el PSOE, o eliminando la prohibición de la financiación bancaria de las formaciones políticas para aceptar limitarla a la mitad del volumen del gasto anual de cada una de ellas. Modulan también su exigencia de prohibir las "puertas giratorias" y aceptan reducir el plazo de 10 a 5 años tras el cese de altos cargos para que puedan incorporarse a empresas de un sector en el que no tuvieran experiencia.