Acuerdo PSOE y PNV
El PNV consigue la gestión económica de la Seguridad Social, algo que se han negado a entregar todos los presidentes anteriores, incluido el propio Sánchez.
El horizonte político de Pedro Sánchez está despejado. Si todo es como parece, dentro de una semana, el próximo viernes, el líder del PSOE jurará su cargo de presidente del Gobierno ante el rey. Un día antes, el jueves, habrá confirmado su investidura.
Lo hará con una holgada mayoría absoluta, después de conseguir el apoyo de una veintena de partidos de pequeño tamaño, pero que suman los escaños suficientes para conformar un bloque parlamentario más amplio del que tenía en la anterior legislatura.
Una vez conseguido el acuerdo con Puigdemont, los acontecimientos se han precipitado. Hoy Sánchez ha cerrado sus pactos con el PNV y con Coalición Canaria. El propio Sánchez ha querido firmar es acuerdo con los nacionalistas vascos, que siempre han sido un socio prioritario. Fue el PNV el partido determinante para que Pedro Sánchez llegara al poder en la moción de censura de 2018.
Sánchez ha pactado el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 en el plazo "improrrogable" de dos años y compromiso de "remover" los "obstáculos legales" que "impidan un mayor ejercicio del autogobierno". Entre las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado en la legislatura anterior, figura la gestión de la Seguridad Social, como asunto pendiente en general, aunque la concreción de su traspaso se tendrá que negociar estos dos años.
Aunque el PNV ha señalado que el acuerdo se limita a la gestión y no a la capacidad normativa y sancionadora, los vascos necesitarán más que ninguna de las inyecciones de fondos provenientes de los impuestos de todos los contribuyes.
El PSOE también ha pactado modificar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar la primacía de los convenios colectivos de carácter autonómico en la comunidad sobre los negociados a nivel estatal.
El acuerdo también incluye reforzar y ampliar el Concierto Económico con la concertación de impuestos y la fijación de los límites de deuda en la Comisión Mixta de Concierto y en la del Convenio navarro. De la misma forma, ampliar las actuales competencias de la Ertzaintza y extenderlas a las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao y a la investigación y persecución de los delitos contra el medioambiente, así como en materia de ciberseguridad.
Una vez culminados los acuerdos, el PSOE hará llegar a los socios de investidura el texto de la ley de amnistía para registrarla posteriormente en el Congreso, se tramite el martes por la Mesa de la cámara y se celebre el pleno de investidura, que a falta de confirmación oficial por parte de la presidenta de la institución, Francina Armengol, se prevé para el 15 y 16 de noviembre.
Ese último día Sánchez sería investido por mayoría absoluta, y la única posibilidad de que se trastoquen sus planes es que los diputados de Podemos decidieran no apoyarle tras la consulta a la militancia que se extenderá hasta el 14 de noviembre. No prevén fuentes socialistas que eso ocurra, pero si se abstuvieran o votaran en contra, el candidato tendría que esperar a una segunda votación en la que ya le bastaría la mayoría simple del Congreso.