SE INHIBE EN FAVOR DEL TSJCV
El juez adopta esta decisión en un auto ante la posible conexión entre los delitos investigados en Valencia y las actuaciones del TSJM, y para evitar que prescriban los presuntos delitos electorales que resultan de los informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban presuntas irregularidades en la financiación del PP de Valencia.
El magistrado, asumiendo la petición y el informe de la Fiscalía, ve en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de cohecho y prevaricación.
"Importante porcentaje de la deuda se habría abonado de forma opaca"
A éstos delitos añade los de blanqueo de capitales porque "su conexión" con los anteriores es "indiscutible" como lo es, también, el de asociación ilícita. El juez apunta al ex secretario del PPCV Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente Rambla y al diputado David Serra, además del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibañez, como presuntos autores de un delito electoral.
Aunque, también señala que no se puede "desdeñar el cargo" que ocupa en el partido el presidente valenciano, Francisco Camps. Según el juez Pedreira, el informe aportado por la Agencia Tributaria refleja que un "importante porcentaje de la deuda" contraída en 2007 por el PPCV con la mercantil "se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél".
Otra parte -al menos 345.200 euros- "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market", la empresa dirigida por el considerado responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, "El Bigotes". Las facturas, añade el magistrado, "reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles" y que, de acuerdo con todos los indicios, "se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste".