1-O
Oriol Junqueras, junto a los exconsejeros condenados por sedición, Raül Romeva y Dolors Bassa, ha anunciado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la "falta de imparcialidad" del proceso judicial y la sentencia del 1-O.
Así lo han explicado esta tarde en una rueda de prensa los tres políticos independentistas, acompañados de sus abogados, Andreu Van den Eynde y Clara Serra. Ambos letrados han expuesto en el Colegio de Periodistas de Cataluña los supuestos agravios de la justicia española, destacando que existe "un prejuicio" en el procedimiento judicial del referéndum ilegal del 1-O que lo "contamina".
Los condenados han hablado de una "persecución política contra el independentismo" y han argumentado que se les vulneró su libertad de expresión y manifestación; así como sus derechos de representación política.
"Esta causa se ha construido sobre la base de condenarnos por delitos que no existen en el Código Penal, sobre la base de criminalizar al conjunto del republicanismo y de las aspiraciones republicanas y de deshumanizar a sus representantes", ha criticado Junqueras, quien también se ha pronunciado sobre la mesa de diálogo anunciada por Pedro Sánchez y Pere Aragonès para finales de julio: "cualquier cosa que aporte justicia ante la injusticia es buena" ha afirmado.
Dolors Bassa, por su parte, ha explicado que se ha querido "silenciar" políticamente a todos los independentistas y ha recordado que la sentencia condenatoria recoge que ella había abierto los centros educativos, a pesar de ser consejera de Trabajo y no de Educación.
En la misma línea, Raül Romeva ha denunciado que las condenas se usaron para disuadir al independentismo catalán. "Lo que se ha hecho ha sido juzgar ideas. No puedes poner ideas en la cárcel, pero sí a las personas que tienen esas ideas", ha asegurado.
El abogado general de la UE dio la razón a la justicia española
El anuncio esta tarde de las demandas se produce apenas días después de que el Abogado General de la Unión Europea, Richard de la Tour, asegurase que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir las euroórdenes.
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