PP y Vox
PP y Vox asumen su parte de culpa tras la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales de la que 44 presos de ETA se verían beneficiados.
Después de la tormenta dicen que llega la calma. Pero esta vez no parece ser así. La aprobación, por parte de todos los partidos políticos, de la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales ha sembrado una nueva polémica. Desde PP y Vox aseguran haber estudiado con detenimiento la modificación, pero las votaciones no reflejan su posicionamiento actual. Mientras, el Gobierno se mantiene en que están cumpliendo con una norma que viene de la Unión Europea. Y Bildu se frota las manos.
Una vez hecho público el pacto y sembrada la polémica, los populares asumen parte de culpa. "Es evidente que hemos cometido un error y los errores necesitan una rectificación: en primer lugar, admitir el error, calificarlo de injustificable y trabajar para disminuir los impactos de ese error", ha dicho Alberto Núñez Feijóo durante un acto en Guadalajara.
El líder popular asegura que "el PP quiere paralizar esta incidencia, pero somos conscientes de que solo el Gobierno puede retirarla". Por este motivo, ha pedido a Cuca Gamarra, secretaria general de su partido, "que se ponga en contacto con el ministro de Justicia para que el Gobierno retire en el Senado" las dos enmiendas de Sumar con las que coló el cambio y así "reponer la dignidad de esas víctimas". Un "compromiso", añade, "que había adquirido el Gobierno con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)".
Desde el partido liderado por Santiago Abascal, Vox, también han asumido su parte de culpa. Fue este lunes cuando la portavoz parlamentaria del grupo político pidió perdón a su electorado y asumieron que estos se mostrasen enfadados. "Asumimos el error y hemos pedido disculpas por ello. Votaremos NO en el Senado y será sólo decisión del Gobierno extremista si excarcela a los terroristas con nuestra absoluta oposición".
En una rueda de prensa en el Congreso, Pepa Millán añadía que están revisando "en profundidad lo que ha pasado y tomaremos las medidas oportunas para que no se vuelva a repetir".
El Partido Popular no parece que vaya a tomar medidas disciplinarias contra los tres diputados que formaron parte de la ponencia encargada de redactar el informe. Fueron Rafael Belmonte, Ana Belén Vázquez y José Manuel Velasco quienes firmaron que habían "estudiado con todo detenimiento" esa iniciativa.
Mientras, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido "disculpas" en nombre de su grupo parlamentario, pero con un matiz. El popular asegura que su partido "asume la responsabilidad de no haber estado vigilante", pero añade que ahora "no se trata de depurar responsabilidades, sino de buscar soluciones".
En la entonación del mea culpa de Tellado en nombre de los populares, también aprovecha el portavoz para verter todas las culpas del contenido de la reforma sobre el presidente del Gobierno: "El primer y último responsable de esta indecencia es Pedro Sánchez".
"El Gobierno es capaz de todo, hasta de conceder un triunfo a los asesinos con el engaño más mezquino para pagar el peaje a sus socios. Es inaceptable que Bildu tenga encañonado a Sánchez y este se rinda a los herederos de ETA", ha añadido.
Asimismo, Tellado insiste en que el PSOE tiene que decir "en qué posición está". Les recuerda que tienen "hasta el día 14 de octubre para retirar el proyecto de ley de su tramitación parlamentaria en el Senado" en el caso de que no estén "a favor de darle esos beneficios penitenciarios a los terroristas".
"Le exigimos al Partido Socialista que lo haga. Que lo haga si quiere poder mirar a los ojos a las víctimas de terrorismo en España y si quiere seguir mirando con responsabilidad a su propio electorado. No creo que ningún votante socialista entienda que hoy el PSOE pudiendo parar esto en el Senado no lo haga", ha manifestado.
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