ENTRE ELLAS, COLAU Y COSPEDAL
La condena por abuso sexual y no por violación a los cinco integrantes de La Manada ha levantado críticas de gran parte de la sociedad, incluida la clase política.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído este viernes una declaración institucional de posicionamiento unánime ante esta sentencia judicial, en la que ha instado al Congreso y al Senado a modificar el Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual, así como la consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación.
El texto asegura que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra "minimiza los hechos" al no considerarlos agresión sexual y al no ver el agravante de realizarse en grupo, y ha asegurado que sitúa la carga de la prueba en la víctima al poner el foco de la sentencia en su comportamiento y no en el de los agresores.
También ha destacado que el fallo favorece la "impunidad de las agresiones machistas" y envía un mensaje de descrédito de la vivencia de las mujeres que sufren estas agresiones y las revictimiza, y ha dicho que, además, pone de manifiesto la incoherencia de entender que el abuso sexual perpetrado a la joven se pueda producir sin violencia o intimidación.
Irene Montero: "El voto particular de uno de los jueces es una vergüenza"
Posición similar ha adoptado la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que ha calificado de "vergonzosa" la sentencia del caso de 'La Manada' y ha subrayado que si una mujer no dice sí, "todo lo demás es violación". "Esto lo entiende cualquiera", ha apostillado.
En una entrevista en televisión, Montero ha insistido en que los hechos probados "demuestran que no hubo consentimiento". "Si cinco hombres te meten en un portal, sin que tú lo consientas, llevan tu boca a su pene, te penetran anal y vaginalmente y esto no se considera agresión, entonces estamos ante una justicia patriarcal y machista", ha alertado.
La diputada de la formación morada también ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues "si se resiste se arriesga a morir asesinada". Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es "una vergüenza" y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujeres tendrán que ser ellas las que lo hagan. "Nos cuidaremos entre nosotras", ha apostillado.
Cospedal: "Los hechos probados describen "una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto"
La ministra de Defensa y secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, también ha afirmado que tras leer la sentencia sobre 'La Manada' "es momento para hacer una reflexión" sobre el modo en que está tipificada la violencia sexual en España.
"Quizá haya que empezar a pensarse cambiar las calificaciones de los tipos o como está configurado en nuestro derecho la agresión sexual y el abuso sexual, qué se considera violación y qué no. Es un momento para hacer una reflexión y quizá podríamos hacerlo", ha comentado.
"Es condenable, humanamente, de todo punto de vista", ha dicho sobre la sentencia, para incidir en que los hechos probados describen "una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto" y en la que "no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada".
Becerra pide a Bruselas que "armonice" la tipificación de las agresiones sexuales
La eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) Beatriz Becerra pidió a la Comisión Europea que "armonice" la tipificación contra las agresiones sexuales en toda la Unión Europea para evitar "la desprotección de las víctimas".
"En nueve Estados miembros (entre los que no se encuentra España) se considera que hay un delito de agresión sexual cuando la víctima no da su consentimiento", señaló Becerra en una pregunta remitida al Ejecutivo comunitario.
Esta iniciativa se produce después de que la Audiencia de Navarra condenara ayer por abuso sexual, y no por violación, a los cinco hombres del grupo 'La Manada', que agredieron en grupo a una joven durante los Sanfermines de 2016. La eurodiputada liberal afirmó que en países como España es necesario que exista violencia o intimidación para que el delito sea considerado de agresión sexual, circunstancia que "provoca situaciones ambiguas y deja desprotegidas a víctimas que ven cómo se rebajan las penas a sus agresores al no darse estos factores".