TRAS LA DESOBECIENCIA DE LA GENERALITAT
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha firmado una orden ministerial por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desoyera el requerimiento en este sentido del Gobierno.
Junto a la orden firmada por Montoro, mediante la cual el Ejecutivo asume todo el control presupuestario de Cataluña, en las últimas horas se ha hecho llegar a los bancos unos modelos de los certificados que deben exigir desde este miércoles para poder mover dinero de las cuentas de la Generalitat catalana, han confirmado fuentes de Hacienda.
Montoro ha firmado la orden después de que se agotara el plazo de 48 horas dado a Puigdemont para que la Generalitat aprobara un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria. Con la orden, se declara esa no disponibilidad de crédito en todas las aplicaciones presupuestarias correspondientes al sector público administrativo que no afecte a servicios fundamentales.
El acuerdo afectará al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto y conllevará la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen su cumplimiento.
La no disponibilidad alcanza asimismo a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de otras entidades del sector público administrativo. De manera excepcional, Montoro, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del acuerdo de no disponibilidad y permitir contraer nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de "urgente y extraordinaria necesidad".
En paralelo, los bancos tienen que exigir una serie de requisitos para poder mover dinero de las cuentas de las que es titular la Generalitat catalana. Las mismas fuentes han explicado que, en concreto, deberán pedir dos certificados distintos.
Uno que debe estar cumplimentado por la Intervención General de Cataluña y validado por el Ministerio de Hacienda, en el que la Generalitat detalle qué tipo de pago básico quiere realizar, y otro destinado a proveedores, que tiene que ir acompañado de una declaración responsable de los mismos, garantizando que el dinero no se destina a actividades ilegales.