Tribunal Constitucional
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha intervenido desde la Cámara Baja para valorar la decisión del TC de paralizar la tramitación parlamentaria del poder judicial.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido desde la Cámara para valorar la decisión del TC de paralizar la reforma del poder judicial. "Este cambio del modo de proceder hasta la fecha, produce una preocupación desde el punto del vista del correcto funcionamiento del poder legislativo", ha asegurado Batet alertando de la paralización del poder legislativo.
"La resolución del Constitucional carece de precedentes en la historia de la jurisdicción Constitucional", ha explicado la presidenta de la Cámara Baja. Batet. También, ha asegurado que el Congreso va a cumplir con la resolución tomada por el Tribunal.
"Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional, de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático. El Congreso de los Diputados conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones y en el ejercicio de sus funciones se guía siempre por el leal cumplimiento del reglamento y la Constitución", ha insistido.
Declaración del presidente del Senado
También ha comparecido el presidente del Senado, Ander Gil, quien ha calificado la decisión del TC como "un triste punto de inflexión". Gil ha expresado su preocupación y ha asegurado que "jamás se había despojado a las Cortes de su capacidad de legislar".
El presidente de la Cámara Alta, donde se iba a votar la reforma del poder judicial este jueves, ha comentado que la decisión se va a acatar, aunque ha señalado que se van a estudiar "las vías para preservar las instituciones parlamentarias". Ander Gil ha mostrado su preocupación por la situación vivida tras la decisión del Tribunal Constitucional señalando que "tendrá un alto coste en términos democráticos mañana".
A estas declaraciones, ha añadido que la suspensión de la tramitación de una ley supone "un grave quebranto" en el sistema democrático "y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia".
En este sentido, se ha mostrado tajante y crítico con la decisión añadiendo que "la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia".