Delito de malversación
En total, 12 líderes independentistas fueron condenados por el procés, entre los que se encuentran Oriol Junqueras, Jordi Turull o Raül Romeva. Muchos otros ex altos cargos continúan a la espera de juicio o son perseguidos por la Justicia, como en el caso de Carles Puigdemont.
PSOE y ERC ya han aprobado en una reunión a puerta cerrada la reforma del delito de malversación en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso. La reforma queda incorporada a la ley que suprime el delito de sedición. Concretamente, se trata de dos delitos por los que fueron condenados los líderes del proceso independentista del 1-O.
Muchos involucrados en el referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 podrían salir beneficiados de esta nueva medida, concretamente hasta 30 ex altos cargos que todavía están pendientes de juicio. El delito de sedición, que es castigado con penas 10 a 15 años y con 10 a 15 años de inhabilitación, pasará a ser sustituido por un delito de desórdenes públicos, que contará con penas de cárcel de 3 a 5 años e inhabilitación de 6 a 8 años.
Por su parte, el delito de malversación es condenado con hasta 8 años de prisión, pasará a imponer penas máximas de 4 años en el caso de no existir ánimo de lucro o enriquecimiento personal. Por este delito fueron condenados cuatro de los 12 independentistas a causa del procés. Sin embargo, son muchos los investigados y fugados de la Justicia por los mismos delitos.
¿Quiénes se podrán beneficiar y por qué?
De los 12 líderes independentistas condenados por el procés: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Santiago Vila, Meritxell Borrás, Carles Mundó, cuatro fueron condenados por malversación al haber utilizado fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, al no haber ánimo de lucro o enriquecimiento personal en ninguno de los casos, todos los condenados se beneficiarían de la reforma.
Sin embargo, estas condenas podrían beneficiar a mucha más gente ya que no excluyen a quienes están relacionados y, en algunos casos, fugados, por cometer los mismos delitos. Este número de posibles beneficiados asciende a al menos 30 ex altos cargos, como es el caso de Carles Puigdemont. En caso de que este regresara a España y fuera detenido, su pena de prisión sería como máximo de dos años. Pero Puigdemont no es el único de los investigados por el 1-O. Entre el resto de exaltos cargos que podrían llegar a beneficiarse de la reforma se encuentran: el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente del Puerto de Barcelona Lluís Salvadó (eran altos cargos del Departamento de Economía cuando lo dirigía Oriol Junqueras en 2017); que están procesados por desobediencia, malversación y revelación de secretos, la exconsellera Clara Ponsatí y la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira, acusadas, en principio, por rebelión. Otros ejemplos que están pendientes de juicio en Barcelona son Salvadó y Garriga.
Los cuatro condenados