Embarazo
La Junta de Castilla y León ha asegurado que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Gobierno de España de mentir y generar alarma social. Recalca que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios".
"Lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del solo sí es sí", ha escrito el presidente autonómico en su cuenta de Twitter tras conocer el requerimiento por parte del Gobierno.
El Gobierno ha anunciado que ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León avisándole de que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Advierte, además, de su disposición a más acciones legales.
La Junta de Castilla y León ha asegurado que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas. Pide al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
Gamarra defiende que los derechos están garantizados
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que las libertades de las mujeres están "plenamente garantizadas" en Castilla y León. Atribuye la polémica sobre el protocolo antiaborto a un "burdo intento" del Gobierno de desviar la atención.
Gamarra asegura "a las mujeres españolas que allí donde está el PP su libertad no solo está garantizada, sino que la pueden ejercer libremente". Niega de esta forma que se coarte la libertad de las embarazadas para abortar con las medidas planteadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox.
Entre las medidas que se incluyen en el nuevo protocolo a embarazadas de Castilla y León, figuran la derivación a salud mental a las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre para que los progenitores escuchen el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo.