ANDALUCÍA | CASO DE LOS ERE FRAUDULENTOS
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez comparece por segunda vez ante la juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, que le acusa de malversación y prevaricación por promover el procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales cuando fue consejera de la Junta.
Esta mañana ha vuelto a defender ante la juez su actuación desde la Consejería de Economía y ha atribuido a la de Empleo la utilización de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales.
Tras su segunda comparecencia ante la juez, Álvarez ha subrayado a los periodistas que no está declarada "culpable" de nada.En una declaración de una hora aproximadamente, Álvarez ha asegurado a la juez que "la propuesta de utilización de la partida 31L, más conocida como’ fondo de reptiles’, y el uso de las transferencias de financiación la incluye la Consejería de Empleo en su anteproyecto de presupuesto.
Ha añadido que sobre ese anteproyecto la Consejería de Economía y Hacienda que ella dirigía no tenía "la menor competencia".
Álvarez, que ahora es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), declaró ante Alaya el pasado 8 de octubree, y entonces aseguró que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz "nunca" planteó dotar al sistema de más agilidad.
Alaya citó por segunda vez a Álvarez en un auto dictado el pasado 31 de octubre, una semana después de que la Audiencia de Sevilla revocara parcialmente la imputación de la exministra y exconsejera de Economía y le ordenara que explicara mejor su acusación pues podría haber alcanzado el "límite máximo" antes de inhibirse.
En el auto de respuesta a la Audiencia, Alaya pidió "calma" para poder culminar con "dignidad" el caso, que empezaron a instruir en enero de 2011 "unos pocos incansables". La juez añadió que citaba a la exministra "a fin de colmar la exigencia de su derecho de defensa por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración", y rechazaba elevar el caso al Tribunal Supremo a pesar de los siete aforados imputados en la causa por su "convicción de que al menos la mayor parte de la causa es inescindible".