DOS AÑOS DESPUÉS DEL REGISTRO DE SU CASA
Técnicos de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, han ratificado el informe que acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de varios delitos fiscales con los que habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 a través de un entramado de sociedades.
Los técnicos, citados por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, han expuesto ante la Fiscalía Anticorrupción y las defensas su versión definitiva en relación a los hechos denunciados por la ONIF.
Las citaciones se producen dos años después de la detención de Rato tras el registro de su domicilio, en el que agentes de Aduanas incautaron toda la documentación que ahora obra en una causa con múltiples piezas separadas sobre presunta corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal en las que también figuran personas de su círculo profesional.
En su informe final de 642 páginas, la ONIF habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio exvicepresidente del Gobierno.