LA FAMILIA FRANCO SE ACOGIÓ A LA AMNISTÍA FISCAL
Hay vías legales para que el Pazo de Meirás pase a ser patrimonio público, es la principal conclusión de la comisión de expertos creada por la Xunta de Galicia para estudiar el futuro del pazo.
La comisión propone que se pague a la familia Franco los gastos que han tenido para su mantenimiento desde la muerte del dictador, en caso de poder acreditarlos: "Hay que determinar si efectivamente hubo ese tipo de gastos, si se pueden acreditar y la calificación jurídica".
Cada viernes la puerta del Pazo de Meirás debe abrirse para las visitas del público a que están obligados por ser un Bien de Interés Cultural, unas visitas para las que la familia Franco nunca ha puesto demasiadas facilidades. Los visitantes comentan que hay un teléfono, pero que nunca contestan.
El Pazo fue regalado al dictador en 1938 mediante expropiaciones forzosas y cuestaciones calificadas en su día de voluntarias. Funcionó como su residencia veraniega y todos los gastos fueron pagados con dinero público.
La familia se lo quedó tras su muerte y han sido constantes las reclamaciones para que pase a ser propiedad del ayuntamiento de Sada. Su alcalde quiere que se ponga "fin a esa vergüenza de que los herederos del dictador sigan disfrutando del pazo". Ahora es la Xunta de Galicia la que debe dar el siguiente paso una vez estudiado el informe.
El informe ha coincidido con otra noticia protagonizada por la familia Franco. Se ha sabido que se acogió a la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro en 2012. Regularizaron siete millones y medio de euros gracias a esa amnistía. El dinero procedía de una sociedad de alquiler de inmuebles que administraba Francis Franco, el nieto del dictador.