ANTE LOS ATENTADOS DE BRUSELAS
Estaba previsto que esta mañana del 22 de marzo hubiera bastante actividad política en el Congreso de los Diputados, estando como estamos en medio del proceso para investir a un presidente del Gobierno o, en su defecto, convocar nuevas elecciones. Pero los atentados de Bruselas han hecho que cambien algunos planes. Todos los partidos coinciden en la necesidad de la unidad frente al terrorismo. En esto no hay discrepancias.
Pocos minutos después de los atentados todos los líderes políticos han reaccionado en Twitter. Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera escriben, más o menos en los mismos términos, qué están siguiendo las noticias con preocupación.
Mariano Rajoy ha llamado a Pedro Sánchez para informarle de los atentados.
La conversación ha durado 5 minutos. Han quedado en seguir en contacto. Pedro Sánchez, que se encontraba en Canarias, asegura que “todos somos Bruselas” y ha insistido en la idea de que la democracia siempre prevalecerá sobre el terror.
A Albert Rivera le ha llamado la vicepresidenta del gobierno en funciones.
El líder de Ciudadanos celebra que el terrorismo no forme parte de la agenda partidista. “Ni un paso atrás. Tenemos que seguir con firmeza y determinación defendiendo nuestro modelo de vida, nuestras libertades y nuestra democracia”.
Pablo Iglesias, al que también ha llamado la vicepresidenta, ha asistido al minuto de silencio del Ayuntamiento de Madrid. Confirma que Podemos irá a la reunión del pacto antiyihadista que no firmaron pero que estarán como como observadores. Iglesias asegura que están a disposición del gobierno para lo que sea necesario.
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El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.