Proxenetismo
El Congreso de los Diputados vota en contra de la propuesta del PSOE que endurece el proxenetismo y castiga a quien pague por los servicios sexuales. Los socialistas tenía en contra a Sumar y confiaban en que el PP les tendiera la mano, pero no ha sido así.
La ley que preveía castigar más duramente el proxenetismo y a quien pague por sexo no sale adelante. El Congreso de los Diputados ha votado en contra de esta iniciativa legislativa del PSOE, una propuesta que no convencía a sus socios de gobierno. El proyecto ha contado con el voto afirmativo de 122 parlamentarios, el voto en contra de 184 diputados y con 36 abstenciones.
La iniciativa tiene rango orgánico y necesitaba el apoyo de al menos 176 diputados, lamayoría absoluta, para su aprobación, porque implica modificar artículos del Código Penal para endurecer el proxenetismo.
A favor de la norma ha votado el PSOE, CC, UPN y BNG. El PP, Sumar, ERC, Bildu, Junts y PNV han votado en contra y Podemos y Vox se han abstenido.
El Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a debatir sobre la reforma del Código Penal para endurecer el proxenetismo en todas sus formas. Ya lo hizo la pasada legislatura, cuando se aceptó su toma en consideración gracias a los votos del Partido Popular, pero no se culminó su tramitación.
El partido de Pedro Sánchez se ha quedado prácticamente solo y sin apoyos en su ley contra el proxenetismo. Los 'populares' le han dado la espalda y le piden que negocie otra norma. Ese apoyo era clave para superar el primer trámite porque además, ni su socios de coalición ni los de investidura lo han apoyado.
El PP ha pedido a los socialistas durante su intervención que retiren la proposición de ley para negociar de forma conjunta una ley integral contra la trata y alcanzar un consenso parlamentario en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La diputada 'popular' Ana Alós ha recriminado al PSOE que haga un "indigno uso y abuso del feminismo con fines electorales".
Sumar ha votado que 'no' porque aseguran que es una propuesta que no ha sido negociada entre los socios del Gobierno de coalición. Además, consideran que esta ley situaría en un contexto de "más precariedad, indefensión y vulnerabilidad a muchas de estas mujeres que ejercen la prostitución". Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha rechazado que su partido vaya a retirar la proposición.
La intención de los socialistas con esta proposición de ley era la de castigar todo tipo de proxenetismo, es decir, el lucro de la prostitución ajena. Actualmente sólo está penado aquel que se ejerce con intimidación y violencia, pero la formación que lidera el presidente Sánchez cree que la actual redacción del Código Penal ha llevado a una "impunidad total del proxenetismo".
En la exposición de motivos, indica que las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución "participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos" y "representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución".
Así reza el artículo 187 del Capítulo V 'De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores' en el Código Penal.
"1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica. b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida".
El proyecto de ley del PSOE amplía el artículo 187 -anteriormente expuesto- para castigar con cárcel a todo aquel que "promueva, favorezca o facilite" la prostitución.
El texto modificaría el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".
También cambiaría el 187.3., donde se incluye una nueva letra que añade que "agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor".
Finalmente, se modificaría el 187.ter 2., que refleja que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).
La iniciativa legislativa pretendía dar a las personas prostituidas los derechos incluidos por el Estatuto de la víctima del delito y garantizar que puedan acceder a la atención que presta la ley del sólo sí es sí. Sin embargo, los socialistas tendrán que volver a intentarlo en otra ocasión porque la iniciativa no ha salido adelante.
Un veintena de personas convocadas por el Colectivo de Trabajadoras sexuales han protestado frente al Congreso contra la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo.
La representante de la organización, Susana Pastor, señala ante los medios que la abolición "no va a ser beneficiosa para las más de 200.000 personas trabajadoras sexuales". Además, ha explicado que hay que seguir "hacia adelante" pero para ayudar a las personas "trabajadoras sexuales", "no para invisibilizar, llevarlos a la clandestinidad".
A continuación se muestra una imagen de un grupo de trabajadoras del sexo, organizada por #StopAbolición, frente a la sede de la Cámara Baja en Madrid.
Los socios de Gobierno del PSOE reprochan en su intervención en el Congreso que la ley con la que quieren prohibir el proxenetismo es una iniciativa "electoralista".
"El PSOE solo presenta una propuesta para penar, atacar y desproteger a quienes trabajan en la prostitución, condenándolas a una mayor exclusión y a una inseguridad. Busca un titular efectivo ante unas elecciones que dejan aún más tiradas a miles de personas", ha criticado la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta.
Desde la formación de Yolanda Díaz, la diputada Gala Pin ha dicho que "la mejor forma de garantizar los derechos que ejercen la prostitución es derogar la Ley de Extranjería" y ve "absolutamente incomprensible" que el PSOE pretenda resolver la situación de las prostitutas sin hablar con ellas. En la misma línea se ha mostrado Martina Velarde, de Podemos, que pide que se cambie la Ley de Extranjería porque la abolición "porque la abolición significa, además del fin de la impunidad de la industria proxeneta, papeles para todas viviendas, formación, sanidad, empleo y derechos asegurados para todas las mujeres en contexto de prostitución".
Del PNV plantean que la proposición de ley de los socialistas es "un castigo a los proxenetas, pero un abandono absoluto de las personas prostituidas". Por parte de Junts afirman que si lo que se busca es "ajustar el Código Penal para castigar el proxenetismo; hay formas de hacerlo sin enviar la prostitución a la clandestinidad".
Otro de los partidos que ha intervenido en la votación es el de Esquerra Republicana (ERC), que señala que esta cuestión "rompe el feminismo". "Presenten de una vez la ley de trata y deroguen de una vez la Ley de inmigración y de Extranjería y a lo mejor podemos empezar a trabajar", ha asegurado.
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