Ley del aborto
Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley impide a los médicos objetores formar parte de los comités clínicos que intervienen en el diagnóstico de enfermedades graves del feto.
La reforma del la ley de salud sexual y reproductiva ha recibido este martes luz verde en el Congreso. Esto significa que la ley del aborto que permite a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin el consentimiento paterno está a punto de cerrarse. La Comisión de Igualdad ha respaldado el informe de la ponencia con algunas modificaciones respecto al escrito inicial. La norma cuenta con amplia mayoría a excepción de PP, Vox y Ciudadanos.
En la rampa de salida, la ley contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación impaciente. Asimismo, se impide a los médicos objetores formar parte de los comités clínicos que deciden a partir de las 22 semanas. La ley del aborto que garantiza la interrupción del embarazo en la Sanidad pública deberá pasar por el Pleno del Congreso antes de ser enviado al Senado.
Tras la aprobación de la comisión con 22 votos a favor, queda derogado el cambio del Partido Popular en 2015 y vuelve el escrito impulsado por el PSOE en 2010. La ley habilita la posibilidad de que las mujeres a las que se les niegue el aborto puedan acudir a los tribunales.
Nuevos puntos respecto al escrito original
Otro de los puntos que se han agregado impide que las instituciones públicas apoyen a las asociaciones provida. Este apartado llega para eliminar las sanciones a médicos que practiquen abortos sin respetar el periodo de reflexión y sin dar información a sus pacientes sobre políticas activas de apoyo a la maternidad. En este sentido, se ha incorporado el acceso a los permisos de maternidad o paternidad en los acogimientos temporales y de urgencia que se limitaban a los superiores a un año.
Rechazo contundente del PP
La portavoz del PP en el debate, Marta González, ha considerado que la ley del aborto tiene "problemas de fondo" como el registro de facultativos objetores o la intención de que los abortos se produzcan en los centros públicos.
Ha denunciado un texto que "rezuma hostilidad hacia las profesiones sanitarias", pero también que recoge problemas "inventados" por el Gobierno. Problemas como "salud menstrual" o la "gestión de la pobreza menstrual" que, según la portavoz popular, recuerdan a "la sección femenina del franquismo".