Las sanciones contempladas contra los funcionarios que incumplan el 155: desde reducciones de salario hasta penas de prisión

Habrá sanciones para los funcionarios que no cumplan el mandato del Gobierno central. En el plano administrativo se pueden tomar medidas como sanciones económicas y reducciones de salario, suspensión del cargo e, incluso, el despido del funcionario público.

En el ámbito penal se prevén todo tipo de sanciones económicas, inhabilitaciones y penas hasta de prisión.

Los funcionarios y el personal laboral de la propia Generalitat y de los organismos públicos se enfrentarán a esas consecuencias si no aceptan las directrices. De hecho, la apertura de expediente se iniciaría en el momento en el que comenzara la desobediencia por parte del funcionario.

Por contra, el Gobierno de Mariano Rajoy reserva un apartado del texto legal a garantizar la seguridad jurídica de los empleados que sí acaten el artículo 155. Asegura que la Govern no podrá actuar contra ellos.

Las medidas secesionistas que adopte la Generalitat serán anuladas por el ejecutivo central y, en cualquier momento, el Estado podrá acordar el nombramiento, cese o sustitución de cualquier cargo publico.