LA MAGISTRADA DE LA AN
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pasó este jueves a la historia judicial al enviar a prisión por un delito de rebelión a ocho miembros del ya cesado gobierno catalán, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras.
Una fama accidental, obtenida al corresponderle por reparto esta causa, y con la que no debe sentirse muy cómoda. Su personalidad discreta no encaja en absoluto con el perfil de juez estrella, no se prodiga con la prensa y, de hecho, es difícil encontrar fotos de ella en internet.
Sus compañeros en la Audiencia Nacional la definen como "amable y simpática" y también como "hormiguita" en su trabajo. Permanece tarde y noche en su despacho, del que a veces no sale ni para comer. "Es muy seria y metódica", ha comentado a Efe un juez que la conoce desde hace años. También la consideran "jurídicamente muy sólida", "muy rigurosa" y que "fundamenta mucho las resoluciones" y recuerdan que cuenta con mucha antigüedad en la carrera.
De aspecto frágil por su delgadez y de trato exquisito y delicado, esta juez, casada con un magistrado, se hizo cargo en 2015 de Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al quedar vacante la plaza tras la marcha a París como juez de enlace de Javier Gómez-Bermúdez, al que temporalmente sustituyó el magistrado Juan Pablo González hasta que éste accedió a la Sala de lo Penal.
Antes de llegar a la Audiencia Nacional, a la que accedió en 2014 en comisión de servicios como magistrada de refuerzo en la Sala de lo Penal, trabajó como asesora en el Ministerio de Justicia en la etapa de Francisco de Caamaño, el último ministro del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Su nombre comenzó a hacerse familiar en los medios el año pasado, cuando asumió la investigación por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) al considerar los hechos constitutivos de un delito de terrorismo. Una actuación que, al igual que el encarcelamiento ayer de los exconsellers, causó controversia.
Unas críticas que no le influyeron a la hora de apreciar meses después el carácter terrorista de unos incidentes violentos en Pamplona similares a los ya extintos episodios de violencia callejera.
Antes de admitir las querellas de la Fiscalía contra los responsables del proceso de independencia en Cataluña, instruyó una causa por sedición y rebelión contra el Ayuntamiento de Premiá de Dalt (Barcelona) por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán.
Finalmente optó por archivarla al rechazar que los concejales que apoyaron la moción pudieran incurrir en esos tipos delictivos puesto que en este caso los hechos no podían ser calificados de "violentos", como precisa el delito de rebelión, "ni tumultuarios", como requiere el de sedición.
También le han sido asignados casos de corrupción como el que afecta al expresidente del Barça Sandro Rosell, al que envió a prisión el 25 de mayo acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol, que luego blanqueó en Andorra.
Nacida en 1961, se licenció en derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en 1984, ingresó en la Judicatura en 1986 y, tras recalar en los juzgados de Orihuela (Murcia) y Manzanares (Ciudad Real), entre 1989 y 1993 ejerció como decana de los jueces de Badalona.
En 1993 dejó su puesto en la Audiencia Provincial de Barcelona y se trasladó a Madrid como magistrada del Juzgado de Instrucción 25. Cuatro años después, en 1997, pasó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.