Corrupción
La Comisión del Estatuto de los Diputados ha propuesto aceptar el suplicatorio que el Tribunal Supremo solicitó al Congreso para poder investigar a la portavoz de Junts, Laura Borràs, por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La propuesta ha salido adelante con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, pero Unidas Podemos y ERC han evitado apoyarla.
Así fue la votación
Esta comisión que preside la socialista Begoña Nasarre, sólo cuenta con un representante por grupo parlamentario, aunque las decisiones se toman por voto ponderado, en función de los escaños de cada fuerza en el Pleno. La reunión, celebrada a puerta cerrada como todas las de esta comisión, tenía por objeto elevar una propuesta al Pleno del Congreso, que tomará una decisión definitiva la próxima semana, también en votación secreta. Según informaron fuentes parlamentarias, tanto Junts, en representación del Grupo Plural, como el PNV han votado en contra, mientras que Unidas Podemos ha optado por la abstención y Esquerra y Bildu han preferido no participar en la votación. En todo caso, el suplicatorio ha sido aceptado gracias a los votos del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos.
Independentistas divididos
Cuando compareció la semana pasada ante la comisión, Borràs pidió al resto de grupos que no apoyasen el suplicatorio porque considera que la causa abierta contra ella es "profundamente injusta" y responde a una "persecución política". Además, reclamó unidad independentista, especialmente con ERC, su socio en el Gobierno catalán, y con la CUP. De momento, ERC se ha inhibido en la votación, mientras que la formación antisistema no ha tenido que pronunciarse ya que no forma parte de la Comisión. Será la próxima semana cuando se vea si existe esa unidad independentista. La portavoz de Junts sostiene que los delitos que se le imputan, que suman 15 años de cárcel, responden a una "causa construida" en su contra por una juez de instrucción "incompetente y manifiestamente negligente", en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía, y da por hecho que si el Supremo la lleva a juicio éste no será "justo". Así lo defendió ante la comisión de la semana pasada y también en las reuniones que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ha mantenido con otros partidos minoritarios que no tiene presencia en ese órgano.