¿QUIÉN LO GUARDÓ?
La imagen que ha costado el cargo a Cristina Cifuentes se grabó en 2011. Le ley lo deja muy claro: las imágenes captadas por cámaras de seguridad deben ser borradas en el plazo máximo de un mes. Sólo pueden conservarse si afectan a una investigación policial o judicial. No es el caso de Cifuentes: el supermercado no interpuso denuncia alguna. Esas imágenes no deberían, por tanto, existir y por eso la Agencia de Protección de Datos ya ha anunciado la apertura de una investigación.
La filtración abre tres vías de sanción. Por un lado, la multa de hasta 300.000 euros por mala custodia de esas imágenes. El responsable de la filtración podría haber cometedo un delito de revelación de secretos con hasta cuatro años de cárcel, que puede llegar a cinco si fuera también el responsable de su custodia. La tercera vía es la del medio de comunicación que difunde unas imágenes conociendo su procedencia ilícita, aunque en este caso la condena es menos probable. Y el interés informativo, en este caso, parece probado.