LA FISCALÍA PIDE LA ABSOLUCIÓN
El alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado de un supuesto delito contra el honor de sus antecesores, el equipo de gobierno municipal que lideró la popular Teófila Martínez.
Así lo acuerda un auto del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz en el que se abre juicio oral contra el alcalde de Por Cádiz sí se Puede (marca de Podemos); el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía.
Los tres serán juzgados por los delitos de injurias y calumnias de los que les acusa el PP por haber afirmado que el anterior equipo municipal suministró "a sabiendas" agua contaminada a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto en 2014, antes de que se procediera al corte del suministro que afectó a la zona durante catorce días.
La fiscalía ha pedido, por segunda vez, que los tres acusados sean absueltos porque entiende que estas afirmaciones, realizadas en una asamblea en la que informaron a los vecinos del barrio del resultado de una investigación sobre el episodio de contaminación de agua y su gestión y ante los medios de comunicación, se enmarcan en la crítica política y no suponen ningún tipo delictivo.
Sin embargo, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha decidido decretar la apertura de juicio oral teniendo en cuenta la acusación que contra el alcalde, el exconcejal y el jefe de gabinete mantiene el PP.
En una nota de prensa, el PP explica que las dos acusaciones particulares, ejercidas en nombre del equipo de gobierno anterior y del concejal popular José Blas Fernández, consideran que José María González y los otros dos acusados son autores de un delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad.
Por ello solicitan penas de 24 y 14 meses de multas, la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación donde se difundieran las supuestas calumnias e injurias, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil.
El auto de apertura de juicio oral, fechado el 1 de junio, se produce después de que el PP recurriera el auto del mismo juzgado que en septiembre de 2016 decretó el archivo de las diligencias provisionales abiertas a raíz de que el grupo popular se querellara contra el alcalde por las afirmaciones que había hecho.
Tras este recurso del PP, la Audiencia Provincial reabrió el caso, por lo que se volvieron a practicar diligencias como tomar declaración al alcalde de Cádiz, quien en su comparecencia el pasado 14 de febrero ratificó su opinión de la "mala gestión técnica y política" que hizo el gobierno municipal del PP del episodio de la contaminación del agua. Y negó asimismo que en sus afirmaciones tuviera "voluntad de ofender, injuriar o calumniar" a la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez (PP) o al expresidente de Aguas de Cádiz y concejal del PP Ignacio Romaní.