DENUNCIADOS POR UNA VÍCTIMA
El hijo del fiscal Luis Portero denunció a los miembros de la comparsa Txori Barrote por exhibir fotos de los asesinos de su padre en una caseta de las fiestas de Bilbao en 2008.
Los cuatro miembros de la comparsa bilbaína 'Txori Barrote', acusados de enaltecimiento del terrorismo por exhibir fotografías de los asesinos del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, en su caseta durante las fiestas del 'Aste Nagustia' de 2008, han asegurado hoy que no pretendían humillar a las víctimas, sino "denunciar" la "situación" de los "presos políticos vascos".
Durante el juicio que ha comenzado esta mañana ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha testificado el hijo del fiscal asesinado por ETA, Daniel Portero, autor de la querella contra los cuatro procesados, quien ha explicado los motivos de su denuncia: "Vi a los asesinos de mi padre y no me pude aguantar, me suponía una humillación".
La Fiscalía solicita una pena de 18 meses de prisión para los cuatro procesados --la presidenta de la asociación 'Txori Barrote', Gurutze Olagorta; la secretaria, Aitziber Urrengortxea; el tesorero, Borja Irizar, y el representante legal, Alexander Zuluaga--, mientras que la acusación particular ejercida por Portero eleva la petición a los 24 meses de cárcel.
El presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia testificó después de que los cuatro acusados coincidieran en explicar a la Sala que con la colocación de fotografías de presos en su txosna (caseta) en las fiestas de Bilbao lo que pretendían era "ponerle caras a esas personas", para hacer ver "que no son fantasmas" y denunciar que están "a miles de kilómetros de sus familias". Entre estas fotos estaban las de Harriet Iragi e Igor Solana, condenados como autores materiales del asesinato de Luis Portero, el 9 de octubre de 2000 en Granada.
Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano
El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.