Gestación subrogada
El Gobierno estudia con Europa tipificar la gestación subrogada como delito de trata para proteger a las víctimas
Tras la polémica por la reciente maternidad de Ana Obregón, el Gobierno ha anunciado que está estudiando tipificar la gestación subrogada, junto a las adopciones ilegales, como delito de trata de seres humanos.
El objetivo del Ejecutivo es evitar que se traten "los cuerpos de las personas como si fueran un producto de consumo más", tal y como ha defendido este lunes la ministra de Justicia. "Sabemos que se están produciendo adopciones ilegales que lo que hacen es enmascarar, a través de la llamada eufemísticamente gestación por sustitución, lo que es tráfico ilegal de niños y adopciones ilegales. La gestación subrogada es una práctica que atenta contra los derechos más fundamentales de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos y los del menor. Así lo ha reconocido alguna sentencia de nuestro Tribunal Supremo, como una práctica que es violencia contra las mujeres", ha advertido Pilar Llop.
Por eso, ha remarcado que el Gobierno ha dado un paso más y ya ha comunicado a Europa su intención de considerar estas prácticas un delito grave. "No nos confundamos y respetemos los derechos de las mujeres y los niños. Esto va enlazado con el tema de la prostitución. Son prácticas que se producen en países donde en muchas ocasiones se producen violaciones de Derechos Humanos y no hay garantías para esas madres que gestan, y en este sentido lo que he propuesto en Estocolmo en una Conferencia de la Presidencia Sueca de la UE ha sido tipificar como delito de trata de seres humanos las adopciones ilegales", ha explicado la titular de Justicia.
En la misma línea la ministra ha argumentado que este debate recuerda a lo que está ocurriendo en Rusia, "donde aproximadamente 16.000 niños y niñas han sido deportados" desde Ucrania de manera ilegal, lo que ha dado lugar "a una orden de arresto contra Putin".
Tipificar la gestación subrogada
Hace justo un año que el Tribunal Supremo cargó con dureza contra los vientres de alquiler, al considerar que estos contratos de "gestación por sustitución comercial" suponían una explotación de la mujer "inaceptable" al tratarlas como "meros objetos".
Según el Alto Tribunal tanto los bebés como sus madres biológicas "son tratados como simples mercancías" y no "como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad".