TRAS UNA QUEJA DEL PP
La Junta Electoral de zona de Barcelona ha prohibido al Ayuntamiento durante el periodo electoral iluminar de amarillo fuentes de la ciudad para pedir la liberación de los consellers del Govern cesado y de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, aceptando una queja que el PP presentó el lunes, con una resolución que puede recurrir el consistorio.
El líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha defendido en rueda de prensa este miércoles que la iluminación de las fuentes vulnera la neutralidad del Ayuntamiento y representa una "pretensión del Gobierno de Ada Colau de dar respaldo a una pretensión del independentismo, y no de defender derechos".
La resolución de la Junta Electoral prohíbe iluminar de amarillo también edificios públicos, algo que no se ha hecho pero que se estaba planteando, durante el periodo electoral, y ante esta resolución el Ayuntamiento puede interponer recurso en un plazo de 24 horas.
La Junta Electoral sostiene que la iluminación de las fuentes "atenta a la obligación de neutralidad que tienen que tener todas las administraciones públicas durante el periodo electoral", ya que la neutralidad permite garantizar la libertad y la igualdad en el derecho de voto.
El Ayuntamiento ilumina de amarillo una veintena de fuentes de la ciudad desde el viernes, dando cumplimiento a una propuesta del grupo Demòcrata que se aprobó en comisión municipal con el apoyo también de BComú y ERC, la abstención de la CUP y el rechazo de Cs, PSC y PP.
La resolución señala que del debate en esta comisión se desprende que no se trata de "una simple manifestación de solidaridad sino que es un apoyo a una determinada propuesta política", y que resalta que la libertad de expresión está más limitada en las entidades públicas, porque deben mantener su neutralidad.
El Ayuntamiento se opuso a la queja del PP alegando que la iluminación se hace en ejercicio de la libertad de expresión y que no tiene interés partidista, sino que es una expresión de solidaridad con las familias de los presos y una petición de que los encarcelados puedan ejercer su derecho de participar en las elecciones en igualdad con el resto de candidatos.