CAUSA POR LOS CURSOS DE UGT
El Ejecutivo andaluz señala en un comunicado que ha pedido a su gabinete jurídico que analice los posibles perjuicios para la Administración e inicie las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos una vez que los procedimientos judiciales lo permitan. "Como siempre, la Junta de Andalucía colaborará en todo lo que le sea solicitado y contribuya a acelerar la acción de la Justicia", señala el Gobierno andaluz.
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, dijo ayer que la Junta de Andalucía decidiría si se personaba como acusación particular en este caso en función de la evolución de los acontecimientos y la instrucción judicial. En el ámbito administrativo, la Junta continuará con el análisis de los expedientes correspondientes para "obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato", indica el Ejecutivo andaluz.
En este sentido, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, dijo el pasado 5 de junio en una comparecencia ante el Parlamento que 21 expedientes de subvenciones otorgadas a UGT de Andalucía se encuentran en proceso de revisión por parte de su departamento, de los que dos, por un importe de 1,8 millones de euros de ayudas "mal justificadas", ya están en fase de reintegro. Los 1,8 millones de euros representan el 17,5 % de las ayudas concedidas para esos dos expedientes, correspondientes al programa Orienta, y que ascendía a 10,2 millones de euros, según precisó el consejero.