Políticos presos
El juzgado de vigilancia penitenciaria ha emitido siete autos en los que acuerda mantener suspendido el tercer grado que el Departamento de Justicia concedió al líder de ERC, Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull, el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña desestima, así, los recursos presentados por los políticos presos en Lledoners y se reafirma en su decisión de suspenderles cautelarmente el régimen de semilibertad que la Generalitat les concedió el pasado 14 de julio.
De esa forma, los siete políticos presos siguen sin poder salir de prisión en régimen abierto ni tampoco, por el momento, para trabajar en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, como sí que hacían anteriormente.
Semilibertad
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, por su parte, sí que siguen en semilibertad dado que el juzgado de vigilancia número 1 de Barcelona, al que corresponde revisar su situación, desoyó a la Fiscalía y rechazó suspenderles cautelarmente el tercer grado.
Precisamente, esa disparidad de criterios en el caso de Bassa y Forcadell, a las que corresponde un juez distinto por estar encarceladas en las prisiones de Puig de les Basses y Wad-Ras, respectivamente, es uno de los argumentos que esgrimieron las defensas para oponerse a la suspensión del tercer grado en el caso de los siete internos de Lledoners.
La juez, no obstante, ha decidido mantener su criterio inicial y la suspensión del régimen abierto de los siete hombres en prisión, mientras resuelve sobre el recurso que la Fiscalía ha presentado contra el tercer grado, una decisión que, avanza, adoptará "en los próximos días" dado el "carácter preferente y urgente" del caso.
Los argumentos son que, en el caso de los delitos graves con penas de más de cinco años de cárcel, "el legislador ha querido dejar muy claro el efecto suspensivo" en la resolución de los recursos sobre decisiones que comporten la excarcelación de un recluso. Para la juez, la clasificación de los penados es "competencia exclusiva" del tribunal sentenciador, de forma que los recursos contra la misma deben dar pie a la suspensión "en cualquier fase de tramitación".