Los dirigentes encarcelados por el 'procés' seguirán en prisión hasta el juicio
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista, ha rechazado excarcelar al expresidente de la Asociación Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, porque han aparecido a lo largo de la instrucción nuevos elementos de prueba que acreditarían su participación en los hechos investigados, a lo que se añade la persistencia de la reiteración delictiva.
Sànchez pidió al magistrado por escrito quedar en libertad el pasado 12 de enero, un día después de comparecer ante el magistrado, en el que acató expresamente la Constitución y rechazó la unilateralidad de la declaración de independencia de Cataluña. Unos días más tarde, el día 26 de enero, el número dos de JxCat, remitió otro escrito al juez insistiendo en su petición de quedar en libertad en el que argumentó que no hay riesgo de reiteración delictiva y que prueba de ello fue la entrada con toda la normalidad de los agentes de la Guardia Civil en la sede de la ANC en Barcelona, el día 24 de enero.
De esta forma, el exvicepresident catalán Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn y los dirigentes de las entidades independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirán en prisión hasta el juicio, por orden del Supremo, que en marzo dictará orden de detención internacional contra Carles Puigdemont. De este modo, todo apunta a que se han cerrado las puertas de la cárcel para los cuatro citados y no se volverán a abrir, salvo para dejar entrar a nuevos imputados, al menos hasta que se inicie el juicio oral.
Y ello es así por más que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos de amparo de Jordi Sànchez (expresidente de la Asamblea Nacional Catalana) y de Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural). Esos recursos no ponen en juego su posible salida de prisión, incluso para el caso de que el alto tribunal les otorgue su amparo. Se alzan contra las órdenes de prisión preventiva que dictó contra ellos la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado mes de octubre (por vulnerar el principio acusatorio), pero no contra los autos del juez Llarena que, más recientemente, los han mantenido en la cárcel.
Incluso cabe prever que el curso del tiempo lleve a incrementar, antes que a disminuir, el número de implicados en este caso que entre en prisión preventiva. En el Supremo se espera que Llarena dicte en marzo autos de procesamiento no solo para los cuatro antes citados, sino también para otras personas, como los exmiembros del Govern huidos a Bélgica.
En el caso de los fugados, los autos irán acompañados de órdenes de detención internacional que, muy posiblemente, traigan también al expresident Carles Puigdemont y los otros a prisiones españolas, siempre que Bélgica los entregue por el delito de rebelión, además de otros. Ese delito será clave para mantener a todos los imputados en prisión preventiva, pues la dureza de la condena que prevé, sumada al castigo por otros tipos penales como la malversación, se constituirá, según fuentes del Supremo, en un motivo que soporte el temor a una fuga, incluso para los imputados que han comparecido ante la Justicia. Y ello debido a que las penas posibles si se produjera una condena por esos delitos son lo bastante graves como para suscitar el temor de que los implicados pretendan escapar al peso de la Justicia.
En cuanto a la reiteración delictiva, que es el motivo que hasta el momento el magistrado del caso ha argüido para mantener las órdenes de prisión preventiva, Llarena señala en su auto de hoy confirmando la prisión preventiva para Sànchez que pervive el "plan de secesión que recoge el documento Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español". Una argumentación similar a la que esgrimió en el auto relativo a Forn, donde -sin citarlo por su nombre- señaló a Carles Puigdemont como dirigente de un sector independentista que aún pretende la secesión de manera "inmediata" y por cauces ajenos a la ley.