El DAO desmiente a la UCO y asegura que no pidió "ponerse de perfil" en causas políticas

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Manuel Llamas, ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber ejercido presiones sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para obstaculizar las investigaciones por presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.

Llamas, que comparece como investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación en la denominada causa de las 'cloacas del PSOE', ha rechazado que pidiera a los investigadores "ponerse de perfil" en los procedimientos más sensibles y ha atribuido las acusaciones a la mala relación que mantiene con los responsables de la unidad judicial.

Durante su declaración, en la que respondió a todas las partes, el máximo responsable operativo de la Guardia Civil sostuvo que nunca trató de interferir en el trabajo de la policía judicial y defendió que la apertura de informaciones reservadas o expedientes internos forma parte de la operativa habitual del Instituto Armado.

La investigación

El juez acordó la imputación de Llamas después de que la UCO recogiera en un informe el testimonio del que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste. Según ese documento, tanto el DAO como el también mando Leonardo Marcos habrían trasladado instrucciones para que los investigadores se "pusieran de perfil" en procedimientos como el que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, posteriormente condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción considera que las actuaciones atribuidas a Llamas pudieron generar "un efecto de desaliento" entre los agentes encargados de las investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del Ejecutivo.

Reconoce el contacto entre Mercedes González y Leire Díez

Durante su comparecencia, Llamas sí confirmó que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le comunicó que había conocido a la exmilitante socialista Leire Díez el 5 de mayo. Esa fecha difiere de la reflejada por la UCO en sus informes, donde se sostiene que la relación entre ambas existía, al menos, desde el 8 de mayo.

Mercedes González también estaba citada a declarar este jueves, aunque el juez Santiago Pedraz decidió aplazar su interrogatorio hasta este viernes.

Según la investigación, la directora general mantuvo diversas conversaciones telefónicas con Leire Díez y tres reuniones presenciales celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025. González reconoció posteriormente esos encuentros en el Senado, aunque aseguró que se limitaron a conversaciones de carácter personal y explicó que en la última reunión dio por finalizado el encuentro cuando Díez le planteó la restitución del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.

La Fiscalía aprecia un intento de interferir en la UCO

Tanto el juez instructor como la Fiscalía sostienen que los encuentros y las actuaciones investigadas pudieron ir más allá de simples contactos institucionales y atribuyen a Llamas y a González una presunta estrategia para presionar a la UCO mediante la apertura de expedientes relacionados con filtraciones de investigaciones que afectaban al Gobierno.

El Ministerio Público sostiene que la supuesta trama pretendía implicar a distintos organismos públicos, entre ellos la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio de Justicia o el Banco de España, con el objetivo de desacreditar a la UCO y dificultar el avance de las causas judiciales más sensibles para el Ejecutivo.

Por su parte, la acusación popular ejercida por Hazte Oír ha solicitado la adopción de medidas cautelares contra ambos responsables mientras permanezcan en sus cargos. La organización argumenta que existe riesgo de destrucción de pruebas, reiteración delictiva e interferencia en la investigación y reclama apartarlos de sus responsabilidades para garantizar el normal desarrollo del procedimiento judicial.

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