Poder Judicial
Tras casi 4 años de bloqueo del poder judicial las asociaciones de jueces están "indignadas" tras la última ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y PP.
Lleva tan solo 15 días en el puesto de presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero Rafel Mozo ya se siente "indignado profesionalmente y jurídicamente".
Mozo ha reconocido en Onda Cero que esta semana esperaban poder descorchar una botella para celebrar la fumata blanca entre el Gobierno y el PP para la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, lo que empezaron siendo unas declaraciones contradictorias de la ministra de Hacienda sobre la reforma del delito de sedición terminó por romper las negociaciones entre Ejecutivo y oposición.
El sustituto de Lesmes contó en La Brújula que esperaban con "alivio" que esta semana se desatascase la situación de bloque que se prolonga en los últimos 4 años. Las asociaciones de jueces y fiscales hablan de "situación insostenible" y "crisis sin precedentes".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y considerada de carácter conservador, ha recibido como un "varapalo" la suspensión de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exige que se reanuden, porque la situación es "insostenible".
"Tienen que sentarse los dos y cumplir los dos lo que dice la Constitución", subraya María Jesús del Barco. Quien critica al Ejecutivo por "volver a tensar la cuerda hasta el tope" planteando en estos momentos esa reforma, pero reitera que la prioridad ahora es renovar un CGPJ cuyo mandato caducó hace cuatro años y cuyo presiente ha dimitido.
Para el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, la suspensión de las negociaciones no deja de ser la consecuencia inevitable de un proceso "mal desarrollado", una negociación secreta entre el Gobierno y el PP, cuando debería haber tenido lugar en el Parlamento, de "de manera pública y transparente, debatiendo sobre los perfiles de los candidatos".
"El PSOE y el PP están actuando en clave electoral y es imposible arreglar nada con estos criterios", resume en declaraciones remitidas a los medios.
Cronología de la ruptura
Políticamente el debate de Presupuestos que tuvo lugar en el Congreso centraba la actualidad informativa del jueves hasta que María Jesús Montero, ministra de Hacienda aseguraba en la tribuna que el presidente del Ejecutivo tenía el "compromiso firme" para reformar el delito de sedición.
Estas declaraciones en las que la titular de Hacienda afirmaba que traerían la propuesta a la Cámara "que es obvio que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión" tardó solo unos minutos en ser desmentida, sorprendentemente por la propia María Jesús Montero: "No bueno, yo no sé lo que ustedes han interpretado yo he reproducido las palabras del presidente".
Montero se desdecía de lo dicho anteriormente aunque la evidencia era tal que poco después se justificó con el "fragor del debate parlamentario": "Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más para nada, en el fragor de este debate de Presupuestos no siempre uno termina de completar la frase y lo que he querido decir es que aquí hay un compromiso firme cuando tengamos la mayoría suficiente para impulsarlo".
En esos momentos el acuerdo para la renovación del Poder Judicial entre el Gobierno y el PP parecía inminente, "solo faltaba rubricarlo" asegura Félix Bolaños. Feijóo por su parte se mostró esquivo a pronunciarse esa mañana y se limitó a asegurar que "Si tenemos la oportunidad de gobernar España vamos a agravar las penas de los delitos de sedición y rebelión y vamos a tipificar como un delito la convocatoria de un referéndum ilegal".
En el momento de esas declaraciones el PP ya sabía las intenciones de Moncloa sin embargo, no rompió las negociaciones hasta horas después a través de un comunicado.