Begoña Gómez
La actuación del juez Juan Carlos Peinado provoca discrepancias dentro del sector judicial. Mientras algunos ven "normalidad", otros creen que el proceso tiene "irregularidades".
La investigación sobre Begoña Gómez llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado es controvertida desde su inicio. En abril, cuando el juez abrió diligencias previas contra la esposa del Presidente del Gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción ya hubo voces dentro del sector judicial que discreparon en la manera de actuar del juez, que inició la investigación por una denuncia de Manos Limpias basada en publicaciones.
Pero a lo largo del procedimiento cada paso del juez Peinado ha estado en el centro de la polémica -y no sólo en la política- porque dentro del sector judicial hay voces que creen que hay "irregularidades procesales".
Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, es "difícil encontrar precedentes" de esta actuación. Y va más allá, cree que el magistrado "ha perdido los papeles".
También es polémica la fecha en la que se ha producido la citación, en plena campaña electoral, algo que para Pedro Sánchez -tal y como mostró en su segunda Carta a la ciudadanía- era saltarse una "norma no escrita. Para el magistrado Joaquim Bosch no existe tal norma, aunque sí apunta a que hay jueces que "intentan por razones de prudencia no hacer coincidir actos de contenido judicial con en periodos sensibles". El magistrado también señala que "no hay reproches jurídicos" sobre la decisión de Peinado, y ha expresado que, en su opinión, las actuaciones judiciales "deben contar siempre con un respeto por parte de miembros del Gobierno. De igual manera para Bosch "es discutible que los hechos investigados puedan encajar en un delito de tráfico de influencias".
También varias asociaciones han expresado su opinión sobre la investigación a Gómez. Fernando Portillo, Presidente de Foro Judicial Independiente, cree que la citación a Begoña Gómez "no cambia nada". Para Portillo las acusaciones de prevaricación son gratuitas porque "el juez hace su trabajo" y no debe condicionar el mismo por la "situación", ya que si lo hiciera "estaría cambiando todo el tiempo". No es la única asociación que se ha pronunciado en este sentido. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria afean a la clase política la polémica entorno a este procedimiento. Así lo ha explicado el portavoz de la asociación, Sergio Oliva Parrilla que también ha indicado lo "poco constructivo" que resulta el hecho de que el Presidente del Gobierno "traslade a la ciudadanía la idea de que hay jueces que dictan resoluciones para perjudicar a un partido político".
A este debate también ha entrado Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aunque no ha querido entrar a calificar "actuaciones concretas", si que ha defendido "no interferir en procesos judiciales o en contiendas electorales".
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