Ley 'Solo sí es sí'
La asociación mayoritaria de jueces (APM) exigen la "inmediata dimisión" de la ministra de Igualdad por sus palabras en contra de la magistratura española. La Asociación de Fiscales también tildan de "extrema gravedad" los ataques por parte de un cargo público del Gobierno, en referencia a Irene Montero.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, está recibiendo una oleada de duras críticas desde todas las asociaciones de jueces y fiscales del país tras sus palabras donde cuestionaba la profesionalidad de estos debido a la rebaja de las condenas tras entrar en vigor la ley del "solo sí es sí". Jueces conservadores y progresistas se unen contra lo que consideran "ataques muy graves" contra la justicia provocando así un descrédito por parte del Gobierno.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que acoge de manera mayoritaria a los jueces, ha pedido la "inmediata dimisión" de la ministra a través de un comunicado por una "actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta" y aseguran que carece del "más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho."
Piden la dimisión de la ministra
El Foro Judicial Independiente también ha pedido la dimisión de Irene Montero, "dada la gravedad de las acusaciones vertidas y el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios." La asociación se ha mostrado muy dura contra la ministra y otros cargos públicos, "rechazamos frontalmente esta reacción injusta y pueril." Y le recuerdan que, algunas instituciones y organismos ya advirtieron que algunos tipos penales verían reducidas sus penas y que ello podría conllevar en algunos casos la revisión de condenas ya firmes.
Y una asociación más que se une a la petición de dimisión de Irene Montero es la Francisco de Vitoria para que asuma así, dicen, "la responsabilidad política que le incumbe" por trasladar desde el Gobierno la idea de que los jueces están beneficiando a condenados al atribuirles una "aplicación torticera de la Ley en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la Carrera Judicial".
Asociaciones progresistas y conservadoras
Juezas y jueces por la democracia, de la que fue portavoz Victoria Rosell, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género que ha acusado a la justicia de "machista", también han querido manifestar su enfado con la actitud de Montero, y consideran "muy desafortunadas e inapropiadas" sus palabras. También les recuerdan el informe del CGPJ, en febrero de 2021, en el que se advierte de la situación a la que finalmente se ha llegado. Hablan de manifestaciones que además de "desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tienen por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover."
También ha emitido un comunicado la Asociación de Fiscales que piden a la ministra "reconocer el error legislativo" como un acto de "responsabilidad política y madurez democrática de la que carecen". En el escrito, de total contundencia, consideran "de extrema gravedad [...] el ataque injustificado al poder judicial por parte de quienes ostentan cargos públicos en el gobierno y otras instituciones con el único fin de crear confusión en la ciudadanía.