La reunión entre el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y los responsables autonómicos del ramo en el Ministerio de Educación con el objetivo de discutir el borrador del anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha terminado sin un acuerdo en firme.
La secretaria general de Enseñanza de la Generalitat catalana, María Jesús Mier, ha mostrado su postura de "rechazo total" al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ya que el texto presentado es idéntico al anterior y no presenta ningún cambio.
Así lo ha indicado tras la Conferencia Sectorial de Educación que reúne a los consejeros autonómicos y que preside el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para abordar el borrador de la Ley de reforma educativa. Según ha afirmado, no están dispuestos a aceptar el bloque de la reforma correspondiente a la Ley, "por respeto al Estatut, a la Ley de Educación de Cataluña y por voluntad política", ha subrayado, al afirmar que el ministro les ha adelantado que no modificará los aspectos de conflictos de competencias y que no se ha tocado el tema de la lengua.
Por su parte, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco, Cristina Uriarte, ha señalado "incertidumbres" en los ámbitos competenciales de la reforma educativa y se ha mostrado dispuesta a "aprovechar" lo que queda de negociación.
"La postura del ministro ha sido abierta y dialogante", según ha comentado la consejera a la salida de la conferencia sectorial presidida por José Ignacio Wert para debatir el borrador de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Según Uriarte, que se estrenaba en una conferencia sectorial, no se ha avanzado "nada" en la cuestión de competencias y habrá que trabajar todavía sobre el asunto de lenguas cooficiales y lo que la consejera considera "segregación" de alumnos hacia la FP. Además, ha indicado que queda también todo el trámite parlamentario, pues el País Vasco tiene "mucho que decir". Ha indicado que Wert volverá a reunirse con las comunidades en enero, pero para tratar la parte económica de la ley, que tiene "bastantes inconsistencias".