PUJOL HIJO RECURRE CON UN ESCRITO AL EMBARGO DE SUS CUENTAS Y BIENES
Jordi Pujol Ferrusola ha recurrido el embargo de sus cuentas e inmuebles acordado por la Audiencia Nacional, en un escrito en el que alega que no puede "atisbarse ni remotamente" un indicio de corrupción en el mandato de su padre al frente de la Generalitat.
En su recurso, el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol pide al juez José de la Mata que levante la medida cautelar de bloqueo y embargo de los saldos de sus cuentas y activos financieros, así como la prohibición de disponer de los inmuebles de su propiedad.
La defensa de Jordi Pujol hijo, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, argumenta que el imputado tiene bienes que ascienden a 8,7 millones de euros -entre sociedades y saldos de bancos-, por lo que dispone de "músculo patrimonial bastante" para hacer frente a una eventual responsabilidad civil, sin que haya urdido la "descapitalización" que sospecha el juez.
La defensa cuestiona la imputación de blanqueo de capitales a Jordi Pujol Ferrusola, porque en su opinión se basa en una "sospecha policial sin fundamento", ya que durante la instrucción del caso no se ha podido "atisbar ni remotamente elemento indiciario que pudiera apuntar a un torcimiento del recto ejercicio de la función pública" por parte de su padre durante sus 23 años de mandato.
Asimismo, el escrito mantiene que "resulta hasta superfluo e innecesario" recordar que Jordi Pujol "dejó la responsabilidad política como presidente de la Generalitat en diciembre de 2003, hace doce largos años".
El abogado reprocha a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que repita "como un mantra" que los ingresos de Jordi Pujol Ferrusola provienen de comisiones ilícitas, cuando una "profusa y exhaustiva" investigación de tres años "no ha permitido identificar, por inexistentes, a qué concreta licitación, concurso o adjudicación puede referirse".
"No ha permitido concretar un singular funcionario o mesa de contratación que hubiere visto alterada su libre decisión", añade el abogado, tras insistir en que los informes de la UDEF no aportan "ni un solo dato concreto" que avale la tesis del cobro de comisiones ilícitas. "El juzgado al que tengo el honor de dirigirme no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento", sostiene Cristóbal Martell en su escrito.
El recurso recalca que el primogénito de los Pujol no ha incurrido en ningún delito fiscal y advierte de que la investigación conlleva una "paradoja", ya que si se acepta la tesis de que se ha enriquecido mediante el cobro de comisiones ilegales, la Agencia Tributaria debería devolver los 5,4 millones que 'Júnior' pagó en impuesto de sociedades.
En ese caso, añade el abogado, "se habría producido un enriquecimiento injusto por parte de la administración y la necesaria devolución por ingresos indebidos, en el marco de lo que en la doctrina se conoce como tributación de lo ilícito".
La defensa niega además que "en modo alguno" Jordi Pujol Ferrusola haya emprendido una "descapitalización" a raíz de la investigación judicial en curso, ya que las donaciones a su hija o las operaciones de traspaso de acciones a su esposa han supuesto una "alteración de la composición de su patrimonio", pero no una disminución del mismo.
El letrado de Jordi Pujol Ferrusola considera que el embargo es "un acto prematuro e inconcreto" y que el juzgado debería "cuantificar la eventual responsabilidad civil" en que podría incurrir y, posteriormente, permitirle que sea él quien designe "bienes o cualquier forma de aseguramiento real, pignoraticio, por aval bancario o en dinero".
También Mercé Gironés, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola e imputada en la causa, ha recurrido la prohibición del juez a disponer de los inmuebles de su propiedad y de su hija.
En el recurso, Gironès insiste en que no hay documentos que la vinculen con las cuentas de Andbank de Pujol júnior y argumenta que fue "engañada" por su exmarido, cuando entre los años 2002 y 2003 ella le entregó un papel en blanco con su firma para que cerrara una cuenta bancaria en la que figuraba como autorizada y desaparecer de los registros bancarios de Andorra.
Gironès entregó ese documento en blanco con su firma numérica a Jordi Pujol Ferrusola, "tras el episodio en que creyó conocer que su exsuegro era titular de una cuenta en la misma entidad bancaria andorrana".