Congreso
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el impuesto a las transacciones financieras, también conocido como 'tasa Tobin', servirá para “reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis” y que también “busca una justa contribución del sistema financiero que compense el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a 4,6 billones en el contexto europeo”. Así lo indicó durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de PP, Vox y Ciudadanos para rechazar y detener la tramitación del proyecto de ley del impuesto a las transacciones financieras, con el que el ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
Dos euros por cada mil
Los grupos de izquierdas apoyan la propuesta del nuevo impuesto. En nombre de Compromís, Joan Baldoví inició su intervención preguntando “quién realiza cada semana una transacción financiera”, para a continuación criticar que “la derechita cobarde y la derechona machona”, en referencia a PP y Vox, se opusieran “durante semanas” al ingreso mínimo vital pero que, “cuando se habla de esos que mueven ingentes cantidades de dinero buscando altas rentabilidades”, esos partidos “se rasgan las vestiduras y sacan su verdadera cara: los defensores de los grandes y los poderosos”. Así, defendió la necesidad de crear el tributo y lo consideró “modesto”, poniendo como ejemplo que en una transacción de 1.000 euros se pagarán dos.
Poco eficiente y contraproducente
En defensa de las enmiendas de totalidad, por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Castellón pidió al Gobierno que, ante la situación “especialmente convulsa” generada por el Covid-19, se replantee su política fiscal y elabore un plan de recuperación para reactivar la economía, y abogó por una bajada de impuestos y un paquete de incentivos fiscales. En nombre de Vox, Rubén Silvano Manso, afirmó que “cuesta mucho creer” que el impuesto no vaya a afectar a las familias, ya que asumirán el coste del impuesto, y argumentó que “no es eficiente” porque “recauda poco”, supondrá la “deslocalización” de las operaciones hacia otros países, pudiendo afectar al empleo en el sector financiero, y elevará los costes de financiación empresarial. Por parte de Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez se mostró en contra del impuesto, argumentando que “no ha funcionado” en aquellos países que lo han implementado, que supondrá que los intermediarios financieros “vuelquen” el coste del tributo en los clientes mediante comisiones, y que, debido al actual contexto de crisis generada por el Covid-19, “no es el momento” para su creación.