ANUNCIADO EN EL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
Izquierda Unida y el PCE han presentado una querella en Tribunal Supremo contra Juan Carlos I en la que le acusan de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal. La querella también va dirigida contra la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein; el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán; el excomisario José Manuel Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, según han informado fuentes de la formación de izquierdas.
La presentación de la querella -explican- se ha decidido "ante la absoluta dejadez de las instituciones del Estado en la investigación de presuntas prácticas delictivas". Los abogados del PCE e IU basan el grueso de sus acusaciones en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.
En la querella, piden al Supremo que admitan su personación como acusación popular, insisten en que no puede haber ninguna inviolabilidad del rey que impida investigar posibles delitos. "No cabe duda de que los delitos por los que ahora se accionan y las conductas realizadas para cometerlos en absoluto se corresponde con ninguna función de un Jefe de Estado, por lo que ninguna inmunidad debe alcanzarles", argumentan en el texto. Concluyen además que las grabaciones "ponen de manifiesto la presunta estructura organizada, con vocación criminal, creada y mantenida en el tiempo con el fin de realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de legalidad".
Ante la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar al rey emérito por su aforamiento, los querellantes piden al Supremo que abran una investigación sobre los hechos relatados. Entre las diligencias a practicar piden la declaración del rey emérito, su primo Álvaro Orleans Borbón, su amiga Corinna, el director del CNI, Félix Sánz Roldán; el abogado suizo Dante Canónica; los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga y el excomisario Villarejo.