Ley vivienda
Desde el Ministerio de Derechos sociales, cartera perteneciente a la rama de Unidas Podemos, se muestran preocupados por que el PSOE "pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de la ley".
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, comienza una nueva ronda de contactos con las organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a una viviendadigna.
Belarra comenzará hoy esta ronda de contactos que incluirá a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.
Además, desde el Ministerio no ocultan su preocupación ante la posibilidad de que su socio de Gobierno no apoye los aspectos más ambiciosos de la Ley de Vivienda ante un previsiblemente duro informe del Consejo General del Poder Judicial.
Desde el Ministerio recuerdan la situación excepcional de un CGPJ que tiene el mandato caducado desde hace tres años y que en este caso solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos, no correspondiéndole evaluar la constitucionalidad de la ley.
Aseguran que el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante, es decir, el Gobierno no tiene ninguna obligación legal de asumir el contenido del informe. El ministro Bolaños asegura que leerán el informe aunque no sea vinculante: "No es vinculante, pero lo leeremos y no nos cerramos a mejorar la ley. Tendrá que ser impecable desde el punto de vista jurídico".
El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, declaraba en TVE que el "CGPJ está agotado" y ha emitido un informe "que excede en sus competencias, y es obvio que es funcional a las posiciones de la derecha que no quiere que se garantice el derecho a a la vivienda. El Informe es preceptivo pero no vinculante y cuestionable desde el punto de visto técnico".
El Ministerio ha decidido iniciar una nueva ronda de contactos para mostrar a la sociedad española la urgencia de la Ley de Vivienda y el amplio respaldo con el que contaría un texto ambicioso enregulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional.
"La ley de vivienda permitirá por primera vez regular los precios del alquiler en nuestro país. Los intentos de frenar los derechos de los/as inquilinos/as vienen de una reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución", tuiteaba.