ETA REALIZÓ MÁS DE 300 ACCIONES
Estos planteamientos han sido expuestos este miércoles por el vocal asesor del Gabinete del secretario de Estado de Seguridad y la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Jesús Rueda y Sonia Ramos, respectivamente, en el curso de la Universidad Complutense "Contra la impunidad: Crímenes de lesa humanidad de ETA". Además, han afirmado que hay que reformar la ley para flexibilizar algunos requisitos para conceder ayudas a las víctimas del terrorismo.
También ha participado el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, que ha advertido de una estrategia del mundo de ETA y Batasuna para conseguir no solo la impunidad penal sino también la política, social e histórica. Jesús Rueda ha coincidido en que la izquierda abertzale trata de manipular la historia "para convertir en héroes a los asesinos y en asesinos a los héroes" y ha apostillado: "No vamos a permitir que los guardias civiles y los policías nacionales estén en el mismo saco y tengan el mismo reconocimiento social y político que los terroristas de ETA".
En este sentido ha recordado que ETA mató a un total de 360 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en más de 300 acciones, asesinando a doce niños y resultando heridos otros 99 menores. "No olvidamos a los niños asesinados y heridos en el reciente ataque de Niza y que el camión que conducía el terrorista se dirigía a un tiovivo pero eso también ha pasado en España", ha señalado. Jesús Rueda ha explicado que "ETA está derrotada de facto y ahora la izquierda abertzale lucha en la batalla del relato".
Para combatir en esta batalla ha hecho un llamamiento a implicarse con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, "que es una fundación que no pertenece a ningún partido político sino a todos los españoles".
Ha aclarado que aunque ETA anunció el cese de su actividad en 2011 desde entonces las Fuerzas de Seguridad han seguido actuando contra la banda terrorista y han detenido a 163 implicados en la organización y otras más de ochenta personas por enaltecimiento del terrorismo con humillación a las víctimas en las redes sociales. Por su parte, Sonia Ramos ha propuesto una modificación legal para flexibilizar ciertos requisitos para conceder ayudas a víctimas del terrorismo dadas las dificultades para acreditar las amenazas ya que hay pocas denuncias por miedo a represalias.
En este sentido ha precisado que además de reconocer a los miles de desplazados "expulsados" por ETA del País Vasco como ya hace la actual Ley de Víctimas del Terrorismo "hay que ir más allá" y compensar a los que se quedaron en Euskadi y siguieron en la lucha y tuvieron que desplazarse a otro barrio a otra ciudad pero dentro de la comunidad autónoma.
Florencio Domínguez ha advertido de que "el objetivo último del mundo de ETA y Batasuna es conseguir la máxima impunidad penal y también la política, social e histórica de los crímenes tratando de dar sentido a tantos años de sufrimiento y de sangre y haciendo un esfuerzo por justificarlo diseminando responsabilidades y repartiendo culpas". El director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha concluido diciendo: "Nunca hubo justificación para la actividad de ETA".