Terrorismo
La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que la antigua dirigente sea trasladada sin colaborar con la justicia ni mostrar arrepentimiento en los juicios celebrados
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto este viernes el traslado a cárceles más próximas al País Vasco de otros cuatro presos de ETA que cumplen condena por delitos de terrorismo, entre ellos los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero.
También será trasladada a Álava María Soledad Iparraguirre Guenechea, 'Anboto', la histórica exjefa de la banda con varias condenas recientes y causas abiertas en la Audiencia Nacional.
Según ha informado la institución dependiente del Ministerio del Interior, Prisiones ha dispuesto el traslado de Iparraguirre "por razones judiciales y en calidad de presa preventiva". Estaba interna en Madrid I y va a ser enviada a la cárcel de Álava.
La AVT critica la falta de colaboración
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado el acercamiento para una terrorista con su historial delictivo y varias causas aún pendientes con la justicia, en las que están personados como acusación popular.
"Va a ser acercada con sus familiares sin haber colaborado con la justicia y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, algo que ya hemos podido comprobar en primera persona en nuestra asociación en sus últimos juicios", recuerdan.
Causas pendientes
A diferencia de su pareja Mikel Albisu, 'Mikel Antza', Iparraguirre sí tenía causas pendientes en España como la colocación en 1987 de un artefacto explosivo trampa a las puertas de un bar de una localidad guipuzcoana de Escoriza, con el que buscaba causar la muerte de los guardias civiles que acudiesen a desactivarlo.
En abril fue absuelta de haber participado en 1985 en la colocación de un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria y un mes antes fue condenada por la Audiencia Nacional a 61 años de cárcel por ordenar dos acciones terroristas.
Esas dos sentencias condenatorias se sumaban a la condena, ya firme por el Tribunal Supremo, que confirmó 122 años de cárcel por ordenar y facilitar material para cometer otro atentado, el del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León.