Caso Koldo
El informe de la fiscalía anticorrupción señala que Ábalos tenía un "papel principal" en el entramado y deja la puerta abierta a que los pagos del chalet del exministro podrían haberse efectuado con dinero de la trama de los hidrocarburos
El cerco judicial a Ábalos es cada día más evidente. El informe de la fiscalía anticorrupción remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno deja claro que Ábalos tenía "un papel principal" en el entramado de Víctor de Aldama. Además, indica que todas las acciones efectuadas por Koldo García debían tener el visto bueno del entonces ministro.
Pero la trama de las mascarillas no es lo único de lo que habla el informe. Anticorrupción también pone el foco en otro caso: el de los hidrocarburos. Una trama por la que Víctor de Aldama se encuentra en prisión y que habría defraudado cerca de 2.000 millones de euros anuales.
"Confirmaría una relación causa-efecto entre la consecución del título de operadora para Villafuel y el pago del chalet de Ábalos", reza la fiscalía en su informe. Ese título de operadora habría sido conseguido por Koldo García, que también, tal y como apunta el informe, habría sido el encargado de conseguir la acreditación de una empresa de Aldama como "bróker de medicamentos".
Pero además de estos entramados, Víctor de Aldama tenía más negocios. Uno de ellos era el de venta de pruebas Covid. A este respecto, el informe de anticorrupción señala que Koldo contactó con varias administraciones socialistas para ofrecerles estas pruebas de detección del coronavirus. Además de la La Rioja, Baleares y Canarias, gobernadas entonces por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, también fueron contactadas por el exasesor de Ábalos. "Pocos meses después de las comunicaciones presentadas... fueron realizadas adjudicaciones por el Servicio Canario de Salud", afirma el escrito. Que sitúa que las administraciones insulares pudieron haber gastado más de 6 millones de euros en contratos con estas empresas.
Las comunicaciones de Koldo no acababan en las comunidades autónomas socialistas. También ofreció estas pruebas a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Por otra parte, en el escrito de 21 páginas, la fiscalía también llama la atención sobre la pareja de José Luis Ábalos. Anticorrupción se basa en el informe de la UCO para desprender que Jéssica (nombre de la entonces pareja del ministro de fomento) podría haber conseguido contratos con la administración gracias a su cercanía con Ábalos. "Esta relación de Ábalos con Jéssica llevó a que fuera contratada por un organismo dependiente de MITMA (Ministerio de Transportes)", explica el informe.
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