Audiencia Nacional
El juez ha sentado en el banquillo al expresidente madrileño Ignacio González por las irregularidades en la adjudicación de dos contratos relacionados con el campo de golf del Canal de Isabel II. La Fiscalía pide ahora 6 años de prisión para González.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado auto de apertura de juicio oral para el expresidente madrileño Ignacio González y otras 4 personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos relacionados con el campo de golf del Canal de Isabel IIa la empresa Tecnoconcret (TCT), participada por un hermano y un cuñado de este.
El juez del caso Lezo abre juicio oral por los contratos relacionados con el campo de golf por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas. La Fiscalía pide para Ignacio González 6 años de cárcel, según el escrito de acusación que emitió hace unas semanas, al igual que la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CC. OO. de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
Junto al expresidente madrileño se sentarán también en el banquillo por estos hechos el ex director gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT): José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González y Juan José Caballero Escudier, estos últimos hermano y cuñado, respectivamente, de Ignacio González.
El auto explica cómo en el año 2006 González y De Miguel, prevaleciéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II en esas fechas, "dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo".
"Una contratación innecesaria e irregular"
Tecnoconcret (TCT), que según el juez, carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por los otros tres acusados, aunque el hermano y el cuñado de González lo hacían de manera encubierta para ocultar los vínculos familiares con el expresidente madrileño González.
"Esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones", concluye el magistrado.