SE HIZO "A LA DESESPERADA"
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asumido este viernes que el Gobierno de Mariano Rajoy se equivocó al aprobar la 'amnistía fiscal' de 2012 a través de un decreto-ley, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en la sentencia con la que anula esa medida, pero ha recalcado que, aunque fue "un error en la forma", no lo fue "en el fondo". Respecto al futuro del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya dimisión ya ha pedido la oposición, ha dicho que debe ser él quien "determine el alcance" que debe tener la sentencia.
Así lo ha señalado Hernando en un desayuno-coloquio organizado por 'Vanity Fair' en el que ha insistido en que aquella regularización ahora anulada por el TC se hizo "a la desesperada" porque el país estaba al borde del rescate. "Fue una medida de emergencia", ha remachado, recalcando, además que tuvo beneficios para las arcas públicas.
Preguntado sobre en qué lugar queda Montoro tras esta desautorización del Alto Tribunal, Hernando ha recordado que el ministro va a acudir al Congreso a dar explicaciones, como le han reclamado desde la oposición y que será él quien tenga que determinar "el alcance que debe tener esa decisión del Constitucional". Eso sí, ha señalado que, desde su punto de vista, debe seguir como ministro.
"No lo hicimos bien"
"Aceptamos la sentencia, evidentemente no lo hicimos bien", ha remarcado Hernando, haciendo hincapié en que fue una decisión que se tomó "en momentos de enorme dificultad" porque se estaban "destruyendo miles de empleos", la "situación del déficit publico era brutal" y España "estaba al borde del rescate".
Tras recordar que otros países también hicieron regularizaciones de este tipo, ha admitido que podría haberse "hecho mejor", pero ha subrayado el gran volumen de dinero aflorado, si bien ha reconocido que "quizá" los 2.500 millones que se recaudaron no fueron una cifra "muy relevante". En cualquier caso, ha remarcado que el balance ha sido "positivo" porque se sentaron las bases para que esas rentas empezaran a cotizar en España y que este asunto ya se juzgó "en las urnas".
El dirigente 'popular' ha asumido también que "quizá" el tipo impositivo que se impuso a ese dinero aflorado "podría haber sido más alto" --formalmente se fijó un 10%, pero acabó siendo un 3%--, aunque ha precisado que eso es "una impresión subjetiva". También ha añadido que se ha "intentando detectar el origen de esos fondos" y que, de hecho, algunos de los regularizados "han tenido responsabilidades penales y están en los juzgados".